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La primera Cuenta Pública del Presidente Kast plantea una agenda ambiciosa de modernización estatal basada en austeridad, control del gasto y digitalización. Sin embargo, los autores de esta columna advierten que varias de las reformas anunciadas siguen siendo solo intenciones y que persiste una tensión no resuelta entre reducir el tamaño del Estado y fortalecer sus capacidades. Sostienen que «si estos anuncios logran transformarse en políticas públicas concretas, el Ejecutivo deberá demostrar, con evidencia y resultados verificables, que es posible incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos sin introducir modificaciones sustantivas al sistema de reglas e incentivos que hoy estructura el empleo público».
Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno
La primera Cuenta Pública del Presidente Kast ofrece, en materia de modernización del Estado, un diagnóstico vigoroso y un conjunto de medidas que conviene tomar en serio antes de celebrarlas o descartarlas. El problema no está en la mayoría de sus anuncios aislados, de hecho varios son razonables e incluso necesarios, sino en la premisa que los ordena. Esa premisa aparece temprano y opera como columna vertebral de todo el discurso. De acuerdo al Presidente Kast, “se nos quiso convencer de que un Estado más grande era automáticamente un mejor Estado… El Estado creció, pero perdió eficacia”. La frase es retóricamente eficaz, pero esconde un deslizamiento conceptual que merece escrutinio. A lo largo del discurso, modernizar (aumentar capacidad, profesionalizar, digitalizar, coordinar) y reducir (menos ministerios, menos gasto, menos trámites) se usan como sinónimos. No lo son. Y de esa equivalencia dependen tanto las fortalezas como las debilidades de la propuesta.
Empecemos por lo que está bien encaminado. El énfasis en probidad y control del gasto es el eje más sólido. El Plan de Inspección Total (más de 500 servicios revisados, alrededor de mil auditores, uso de inteligencia artificial para detectar anomalías), responde a un déficit real de control interno en el aparato público chileno, que durante años ha descansado de manera casi exclusiva en una Contraloría sobreexigida. Institucionalizar un Servicio de Auditoría Interna robusto, como anuncia el Gobierno, apunta en la dirección correcta: el control ex post centralizado es necesario, pero insuficiente sin capas de control de gestión distribuidas. Lo mismo cabe decir del impulso a la Transparencia 2.0, una reforma que, como el propio Presidente reconoce, lleva cerca de ocho años trabada en el Congreso. Que un gobierno de derecha priorice transparencia y acceso a la información no es trivial y debe valorarse .
Hechas las concesiones, conviene ahora analizar los zonas grises o de plano oscuras.
La primera debilidad es la confusión señalada al inicio. Reducir el número de ministerios —fusionar Interior con la Segegob, convocar una Comisión de Expertos para una “nueva arquitectura del Estado”— no equivale, por sí mismo, a un Estado más capaz. La literatura sobre administración pública distingue hace décadas entre el tamaño del aparato y su capacidad estatal : países con Estados pequeños y débiles abundan, igual que Estados grandes y eficaces. Presentar la reducción como modernización técnica encubre lo que es, legítimamente, una opción ideológica. El problema no es la opción; es presentarla como evidencia.
La segunda debilidad es una paradoja de difícil resolución. El discurso promete simultáneamente austeridad y un Estado gerencial de considerable envergadura: mil auditores, un Servicio de Auditoría Interna con más financiamiento, una Fuerza de Tarea Legal para los cerca de 25 mil sumarios por mal uso de licencias médicas, nuevos registros y sistemas de control. No obstante, la gestión por metas no es gratuita: exige capacidad instalada, sistemas de información y personal calificado. Anunciar un ajuste fiscal “profundo”, con contención de gasto por más de 1,3 billones de pesos, y, a la vez, una expansión de las funciones de control y coordinación siembra la duda sobre los recursos con los que contará el Estado para cumplir con este cometido.
La tercera debilidad es de corte más político. La “nueva arquitectura del Estado”, la reducción real de ministerios y la modernización de la Alta Dirección Pública se delegan a comisiones de expertos aún por constituir. Lo que se anuncia, entonces, no es la reforma, sino la intención de reformar . Esto muestra cierta prudencia, pero a la vez, obliga a entender el discurso como una declaración de intenciones más que como un programa ejecutable.
A ello se suma una tensión no resuelta en la Alta Dirección Pública. El Gobierno defiende el mérito frente al “cuoteo político” y diagnostica con razón la lentitud de los concursos (184 de 321 cargos vacantes en la red de salud, según la propia Cuenta). Pero querer nombramientos “más ágiles” con directivos “con nombre” roza un riesgo conocido: “agilizar” puede deslizarse hacia mayor discrecionali…
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CL