Esta columna fue escrita por el columnista invitado Guillermo Alfonso Forero Medina.
La primera vuelta presidencial dejó definido un escenario político polarizado que concentra la atención del país en dos proyectos de gobierno opuestos. Durante las próximas semanas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda debatirán sobre seguridad, economía, empleo, salud, educación y relaciones internacionales; sin embargo, resulta poco probable que la cultura ocupe un lugar equivalente dentro de las prioridades de la campaña.
La situación no es nueva. Históricamente, la cultura ha participado activamente en los procesos electorales sin lograr una incidencia proporcional sobre las decisiones estratégicas del Estado. Artistas, gestores, organizaciones culturales y procesos comunitarios acompañan campañas, movilizan públicos, construyen símbolos y ayudan a producir buena parte del lenguaje emocional de la política.
Paradójicamente, esa capacidad de movilización no suele traducirse en una discusión de fondo sobre financiación cultural, fortalecimiento institucional, gobernanza, descentralización o sostenibilidad de los procesos territoriales. La política necesita de la cultura para construir identidad y legitimidad, pero las decisiones relacionadas con el acceso a la vida cultural rara vez ocupan un lugar central dentro de los debates presidenciales.
La segunda vuelta ofrece una oportunidad para modificar esa situación. Con dos candidaturas disputando la Presidencia, resulta pertinente preguntarse qué lugar ocuparán los derechos culturales dentro de sus propuestas de gobierno y, sobre todo, qué ocurriría si la cultura decidiera participar en esta discusión desde una posición de mayor incidencia sobre las decisiones públicas.
Los actos que siguen recorren algunas dimensiones del acceso a la vida cultural y su relación con asuntos tan relevantes para el país como la democracia, el desarrollo territorial, la financiación pública y la construcción de Estado.
Acto I: del reconocimiento a la garantía
Cada equipo de campaña incorpora referencias a la cultura dentro de relatos generales sobre identidad, diversidad, patrimonio cultural, turismo o economía creativa. Aun así, el acceso a la vida cultural continúa atravesado por profundas desigualdades territoriales, institucionales y presupuestales que rara vez ocupan un lugar central dentro de la agenda pública nacional.
La próxima década podría abrir una oportunidad para el país si la cultura empieza a incidir en asuntos que hoy determinan la estructura del Estado, entre ellos, la distribución de los recursos públicos, la capacidad institucional de los municipios, la sostenibilidad de los procesos territoriales, los mecanismos de participación ciudadana y las formas concretas mediante las cuales se garantizan los derechos culturales en contextos profundamente desiguales.
Fuera de los grandes debates, existe una estructura cultural mucho más sólida de lo que suele reconocerse públicamente y que ha sobrevivido históricamente sin estabilidad presupuestal. Procesos comunitarios, escuelas de formación, organizaciones culturales, colectivos juveniles, grupos artísticos, bibliotecas comunitarias, fiestas tradicionales y redes locales de circulación sostienen la vida cultural del país, incluso en entidades territoriales donde las estructuras institucionales siguen siendo limitadas.
Este escenario exige financiación con estabilidad y visión de largo plazo; descentralización acompañada por equipos técnicos cualificados y estrategias permanentes de asistencia territorial; mecanismos de participación con mayor incidencia sobre las decisiones públicas; herramientas de seguimiento, sistemas de información e indicadores que permitan evaluar desigualdades territoriales y condiciones institucionales de manera comparable entre municipios y departamentos.
A medida que la cultura se incorpora en asuntos relacionados con planeación, sostenibilidad, gobernanza y capacidad estatal, aparece una posibilidad distinta para la política pública colombiana: construir un modelo donde el acceso a la vida cultural haga parte de las prioridades estratégicas sobre democracia, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional.
Acto II: financiar el derecho cultural
El modelo de financiación cultural en Colombia ha estado marcado por convocatorias anuales, recursos distribuidos bajo esquemas de competencia permanente y mecanismos presupuestales de corto plazo que dificultan la consolidación de procesos sostenibles en los territorios. Este modelo ha permitido la circulación y el fortalecimiento sectorial, pero también ha producido altos niveles de incertidumbre para organizaciones, creadores y procesos comunitarios.
Una mayor capacidad de incidencia dependerá de la posibilidad de participar con más fuerza en las decisiones relacionadas con la financiación pública del sector. La sostenibilidad del acceso a la vida cultural involucra fuentes de financiación, mecanismos de distribución territorial, sistemas…
Read the full article at La Silla Vacía →
CO