Por Daniela Silva 16 JUNIO 2026
Esta jornada, la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado avanzó en la discusión y votación en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que busca modificar la ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
Uno de los temas centrales de debate del proyecto fue la modificación presentada por el Ejecutivo a su polémica indicación que exigía a instituciones previsionales, de salud y establecimientos de educación que informaran a Contraloría, la PDI o a Migraciones antecedentes sobre extranjeros con procesos migratorios en tramitación.
De acuerdo a la nueva propuesta, explicada ante la comisión por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, la indicación del gobierno ahora excluye a recintos de salud y colegios , escuchando así a las aprehensiones que manifestaron parlamentarios desde distintos sectores y también a la opinión pública.
“Vamos a hacer algo distinto que me parece súper interesante, que es al contrario: que se pueda pedir información a la mayor cantidad de entidades posibles , es decir, todo tipo de instituciones públicas, privadas, pero señalando las excepciones”, explicó Pavez.
Así, explicó, “para resguardar la preocupación respecto de la eventual disuasión de acercarse a la atención sanitaria o educacional, se ha excluido expresamente la posibilidad de requerir a nadie la información a centros de salud o instituciones de educación parvularia, básica y media, establecimientos públicos y privados de salud”.
Asimismo, tampoco se puede requerir la información directa a ninguna entidad pública o privada directamente respecto de menores de edad, “y por supuesto, se resguarda la integridad de los datos personales de acuerdo a la ley 20.430 y 19.628″, sostuvo.
Junto con esto, Pavez también apuntó a que ahora también se precisa que esto “es sólo para expulsión y no para cualquier procedimiento del servicio” y así, “se resguarda específicamente el interés sanitario y educacional y de los menores de edad a fin de que esos ámbitos estén protegidos”.
La presidenta de la comisión, la senadora Danisa Astudillo (PS) agradeció al subsecretario la voluntad del Ejecutivo de modificar la iniciativa y así llegar a este consenso, señalando que a su parecer, la indicación original “ era una línea roja que no podíamos cruzar como país , hubiéramos sentado muy mal precedente y ya muchas organizaciones nos habían advertido, además, de los problemas que esto podía generar”.
Con esto, la indicación con las modificaciones presentadas por el Ejecutivo fue aprobada por 3 votos a favor y una abstención de la senadora Loreto Carvajal (PPD).
La votación en particular de las indicaciones pendientes a discutir continuará en la próxima sesión de la comisión.
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CL