Los funcionarios de Hong Kong han criticado duramente a las naciones occidentales y organismos internacionales por condenar las recientes condenas de figuras clave asociadas con la disuelta Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Democráticos Patrióticos de China. El grupo fue responsable de organizar la vigilia anual de la Plaza de Tiananmen, que ha atraído la atención y la controversia mundial.
El gobierno respondió rápidamente, emitiendo una declaración detallada el sábado para contrarrestar lo que describió como "calumnias sin fundamento y calumnias" por parte de entidades extranjeras. Esta respuesta se produjo en medio de una condena generalizada de varios países occidentales y las Naciones Unidas, que expresaron su preocupación por la presunta erosión de las libertades en Hong Kong. El portavoz del gobierno enfatizó que la decisión del tribunal estaba bien fundada y justificada legalmente, destacando la afirmación de los jueces de que los acusados habían albergado hostilidad hacia el Partido Comunista y el gobierno central durante mucho tiempo.
Los procedimientos legales se centraron en las actividades de la Alianza de Hong Kong, su ex presidente Lee Cheuk-yan y su ex vicepresidenta Chow Hang-tung. El tribunal dictaminó que sus acciones constituían incitación a subvertir el poder estatal, citando su comparación de la represión de Beijing en 1989 con la represión de las protestas antigubernamentales de 2019 en Hong Kong. Estas comparaciones se consideraron para fomentar el odio público hacia el Partido Comunista.
La declaración del gobierno subrayó su compromiso de mantener la seguridad nacional y la estabilidad social, afirmando que las medidas legales tomadas eran necesarias para evitar cualquier desafío al estado de derecho y el orden constitucional. También reiteró que la Ley Básica, el documento constitucional de Hong Kong, no apoya el establecimiento de sistemas democráticos de estilo occidental, justificando así los cargos presentados contra los acusados. Las reacciones internacionales al veredicto variaron, con algunos gobiernos expresando alarma por las implicaciones para las libertades civiles en Hong Kong. Otros permanecieron en silencio, mientras que las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el impacto potencial en los derechos humanos.
A pesar de estas críticas, la administración de Hong Kong mantuvo que el proceso legal siguió el curso debido y se adhirió a los principios de justicia. El caso ha reavivado los debates sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades individuales en Hong Kong. Los críticos argumentan que los cargos son parte de un esfuerzo más amplio para suprimir la disidencia y limitar la expresión política, mientras que los partidarios del gobierno sostienen que tales medidas son esenciales para mantener el orden y prevenir los disturbios. A medida que se desarrolla la situación, los observadores están observando de cerca para ver cómo este resultado legal afectará el panorama político en Hong Kong.
El gobierno ha indicado que continuará defendiendo su posición contra las críticas externas, enfatizando la importancia de salvaguardar la estabilidad de la región y la adhesión al estado de derecho.
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