Hace casi dos semanas, el Ministerio Público dio uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, tras destapar una red de lavado de activos por $75 mil millones, que terminó con la formalización de 17 imputados por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.
Dos de ellos trabajaban para bancos locales, Santander y BancoEstado, aunque no utilizaron esos sistemas -a los que no tenían acceso necesario- para acometer sus delitos
El dinero, según ha dicho el equipo que encabeza el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, era movido en distintas cuentas bancarias para perder la trazabilidad y luego era transformado en criptomonedas, para su expatriación.
A los días se conoció que los bancos efectivamente habían enviado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de algunos de los sujetos involucrados en la denominada Operación Tokio, incluso hace dos años, y que la UAF, luego, envió esos datos al Ministerio Público.
Con más información pública del caso y sobre el rol que jugó la industria, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, decide hablar y afirma que este caso “muestra una realidad que no puede ser minimizada: La posibilidad de que organizaciones criminales busquen utilizar el sistema financiero formal y reclutar personas al interior de distintas instituciones es una situación grave y profundamente preocupante”.
¿Cómo evalúa lo que ocurrió y qué dice del estado actual del sistema financiero chileno?
-Lo ocurrido, que ciertamente es serio, no debe borrar el trabajo de más de 50 mil profesionales que han construido por décadas un sistema bancario robusto y serio, donde el valor de confianza y cuidado por los clientes ha sido lo principal.
Esta es una situación que nos impulsa a mejorar, que impulsa al sistema a mejorar, porque estamos frente a una gama de delitos que no conocíamos años atrás, y que, habiendo hecho esfuerzos de inversión y de dotación importantes, es necesario hacer una mirada del contexto, para ver si estamos actuando de la mejor forma como sistema de prevención de delitos.
¿Cuál es esa mirada que tiene del contexto?
-Primero, el concepto de cumplimiento, en términos de prevención de delitos y de financiamiento del terrorismo, es algo que parte en los 90 y que se aceleró después de la caída de las Torres Gemelas, pero ya estamos hablando de 25 años atrás.
Ser banco va muy de la mano con cumplir y hacer los mejores esfuerzos para tener un sistema sólido y que mantenga la confianza de las instituciones y las personas. Cincuenta años atrás bastaba con que se cumpliera con entregar los depósitos que se recibían, pero hoy día pasa necesariamente por una mirada hacia la sociedad, de que las fuerzas delictivas no sean parte del sistema financiero, y del bancario en particular.
Por eso, los esfuerzos están fuertemente centrados en esa línea de trabajo desde hace décadas, pero se ha ido acelerando cada vez más. Aquí hay hardware y software importantes; hay personas especializadas; hay políticas definidas por el directorio; hay procedimientos hechos por gerencias especializadas; hay centenares de personas en los bancos que están en el día a día con auditorías internas, con auditores externos, y además, con inspecciones de nuestro regulador. Lo señalo porque esto no es un tema menor: es un tema principal para los bancos. Y por eso esta mirada de reflexión, qué podemos mejorar como instituciones, pero además como sistema en general.
Agrego un punto adicional: hace 23 años, cuando nace la UAF, el nivel de transaccionalidad que había -depósitos, giros, transferencias, operaciones de cajas- era importante, pero no tiene ninguna relación con la actualidad. Hoy tenemos mil millones de transacciones al mes. Es una cifra descomunal, lejos la más alta en Latinoamérica. En algunos aspectos, comparable a un país desarrollado.
Eso es una muy buena noticia, porque significa que los servicios y productos bancarios están al alcance de la gran mayoría. Es ser parte del siglo XXI, pero debemos preguntarnos si nuestra legislación y el modo de atacar el problema de organizaciones delictuales, está acorde a la realidad que mencionaba.
¿Cree que está acorde?
-La ley plantea más bien acciones aisladas de las distintas institucionalidades. Los bancos y otras entidades que son sujetos obligados a reportar a la UAF, enviamos decenas de miles de ROS. La UAF posteriormente hace su análisis y envía un informe al Ministerio Público.
¿El esquema que está operando ahora es suficiente? Creo que hay que analizarlo. Hay países, incluso latinoamericanos, en donde los bancos, las instituciones financieras, conocen qué RUT fue informado. Hoy en Chile, si un banco envía una operación sospechosa de un empleado de otro banco, el banco donde trabaja ese empleado no sabe. Si el banco tiene un cliente X, y otro banco envía una operación sospechosa sobre ese mismo cliente, no sabe.
Mi pun…
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CL