Su cara aparece en miles de carteles naranjas con el logo del Sindicato de Inquilinas y la imagen de Maricarmen apoyada en su andador durante las concentraciones para evitar su desahucio, la han convertido en un símbolo de la actual crisis de vivienda que ha dado la vuelta al país. Su caso tiene todos los ingredientes: es pensionista, no puede afrontar el precio del alquiler que le pide el grupo de inversión que ha comprado su casa, lleva siete décadas en la misma vivienda y, con 87 años, le obligan a buscarse otro sitio en el que vivir en un mercado de vivienda cuyos precios siguen desbocados. La otra alternativa es una residencia . Ha agotado las vías legales porque “el sistema permite que ocurran estas cosas”, señaló su abogada a infoLibre . Sin embargo, este lunes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, al que habían acudido como último recurso, le da la razón. Es un paso adelante, aunque sin garantías explícitas de que se pueda solucionar su situación, ya que los mandatos de este comité de la ONU en este sentido están muy abiertos a la interpretación.
“Han notificado al juzgado que la ONU solicita la suspensión del desahucio para evitar un daño irreparable mientras se tramita el procedimiento”, explica la letrada que lleva el caso, Beatriz Duro. La respuesta del organismo internacional les llegó este lunes, 15 días antes de la fecha para la que está programado el tercer intento para desalojar a Maricarmen.
La pregunta inmediata es si este mandato servirá de algo o solo prolongará aún más un proceso que ha ido agotando las fuerzas de Maricarmen. La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto explica que las resoluciones que emite este organismo de la ONU en lo relativo a la vivienda dependen bastante de la interpretación que haga cada juzgado.
Al acudir al Comité DESC, lo que ha obtenido la defensa son unas medidas cautelares, en base a un mandato de la ONU que señala que los Estados deben garantizar el acceso a una vivienda adecuada . Estas medidas piden al Gobierno y a todas las administraciones públicas implicadas que aporten soluciones y dan un plazo de seis meses para que se informe sobre el plan a seguir. “Para evitar el daño irreparable que supone un desahucio, se suelen dictar unas medidas provisionales, que son como medidas cautelares. Esto se hace para que, bien se suspenda el desahucio, o bien se dicten planes alternativos”, explica Jacinto, que ha llevado otros casos como este.
Pese a que se trata de un organismo internacional, no hay garantías de que se pare el proceso. “Si nos atenemos al cumplimiento de los derechos humanos, es una resolución que debería respetarse porque el Estado español suscribe los tratados internacionales de la organización”, explica Jacinto. Pero la realidad no es tan contundente. “Hay debate al respecto y hay casos en los que los juzgados entienden que no aplica y otros que sí lo aplican. Debería tomarse siempre en cuenta, pero no siempre pasa”, lamenta. "Lo que está fuera de toda duda y defiende también la Abogacía del Estado es que hay que tomar en consideración el dictamen, así que, tanto si suspenden el desahucio como si no, tienen que razonar su decisión y explicar cómo han llegado a esa conclusión", afirma la abogada.
El caso de Maricarmen y los plazos para "desmovilizar" la protesta social
El problema de Maricarmen comenzó hace ocho años. En ese momento, la familia propietaria del edificio lo vendió a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España . Le ofrecieron que se quedara con el piso, ya que la ley marca un derecho de adquisición preferente para el arrendatario, pero el precio era demasiado alto para una pensión de 1.450 euros. Aquí entró en juego Urbagestión, que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba, lo anuló en los tribunales y, tras pedirle un alquiler de más de 1.600 euros que no podía pagar, comenzó el proceso de desahucio porque ella siguió abonando el alquiler que pagaba antes de que la especulación inmobiliaria pusiera los ojos en su casa, los 440 euros que estipulaba la renta antigua.
Vivir dos desahucios en 20 días es una tortura psicológica que ninguna persona debería pasar
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El primer intento de desalojo fue en octubre de 2025 y la movilización social consiguió posponerlo. El segundo estaba programado para el pasado 3 de junio, pero de nuevo, la presión popular y una concentración que el día antes reunió a cientos de personas y a varios artistas frente a su casa hicieron que el juzgado retrasase 20 días el lanzamiento. “Vivir dos desahucios en 20 días es una tortura psicológica que ninguna persona debería pasar”, explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Este aplazamiento es un burdo intento de desmovilizar a las vecinas y vecinos ante la avalancha de apoyos que está recibiendo Ma…
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3 reports
infoLibreIndependentLeft11 days agoMaricarmen, an elderly tenant facing eviction by an investment group, has become a symbol of Spain's housing crisis. After exhausting legal options, she sought assistance from the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (DESC), which requested the suspension of her eviction to prevent irreversible harm. However, the committee’s mandate remains open to interpretation and does not guarantee a resolution to her situation.
Bias read (Left): The article highlights systemic issues in Spain's housing market, portrays the elderly and vulnerable as victims of economic policies, and emphasizes the failure of current legal frameworks to protect tenants. The tone is critical of the status quo and supportive of social protections, aligning with
Official sources cited
- government Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU
elDiario.esIndependentLeft13 days agoThe tenant union 'Sindicato de Inquilinas' delivered a letter to Pope Francis during his visit to the Spanish Congress, urging him to address the issue of evictions by the Catholic Church. The letter highlights the housing crisis in Spain and criticizes the eviction of 67-year-old Madrid resident Mariano Ordaz from a property owned by a Catholic order. It accuses the Venerable Order Tercera de San Francisco de Asís of raising rental prices for profit and failing to negotiate a solution despite owning over 300 properties in central Madrid donated for charitable purposes. The eviction was最终执行 by
Bias read (Left): The article presents the tenant union's perspective, criticizing the Catholic Church for profiting from real estate and evicting tenants. The framing emphasizes social inequality and the role of religious institutions in exacerbating the housing crisis, with limited counterpoints or balanced views.
PúblicoIndependentLeft13 days agoThe article discusses the harsh reality of eviction faced by elderly individuals, focusing on two cases: Maricarmen and Mariano. It highlights the emotional and physical suffering experienced by these seniors due to housing insecurity.
Bias read (Left): The article uses emotionally charged language such as 'crueldad' (cruelty), 'agonía' (agony), and 'desamparo' (helplessness) to describe the situation of elderly people facing eviction. This framing emphasizes systemic failures and social injustice, aligning with a left-leaning perspective that crit
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