El PSOE ha registrado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por la filtración de datos de la causa bajo secreto de sumario de la Audiencia Nacional abierta el año pasado para investigar los gastos en efectivo practicados por el partido entre 2017 y 2024, una de las derivadas de las distintas supuestas tramas corruptas protagonizadas por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.
Los servicios jurídicos del PSOE alegan que se ha producido un delito de revelación de secretos según los artículos 415 y 417 del Código Penal. La denuncia la sustentan en una información publicada el 11 de junio por el medio The Objective titulada La UCO detecta 52 facturas falsas del PSOE en la causa de la financiación irregular que venía ilustrada por una captura de pantalla que reproduce parte de un documento de Excel con el encabezamiento “Facturas de gastos de la trama que han sido pagadas por el PSOE”. La formación siempre ha negado haber incurrido en una financiación ilegal, que además es la línea roja que los socios de la investidura han establecido para mantener su respaldo, a cada escándalo que pasa más debilitado, al Gobierno.
El escrito presentado por Ferraz señala que en el cuerpo del texto se remite a la “investigación judicial” y se dice que la misma “ha incorporado nuevos elementos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”. Más en concreto, se refiere a la “pieza abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en diciembre para investigar los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024”, añade el partido.
El PSOE denuncia que este procedimiento al que se hace referencia en la publicación es el procedimiento que se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 y afecta a una pieza declarada secreta, que en un inicio se acordó “para todas las partes personadas, a excepción del Ministerio fiscal, por el plazo de un mes”. La formación recuerda que posteriormente “se han ido acordando sucesivas prórrogas, manteniéndose el secreto a día de hoy”.
“Como quiera que el secreto alcanza a las partes personadas, la filtración que se reconoce solo puede venir de algún funcionario público adscrito a alguno de los órganos que tienen acceso franco a dicha pieza”, manifiesta el PSOE. Sus servicios jurídicos remarcan que, a diferencia de filtraciones “de actuaciones sumariales a las que tienen acceso todas las partes personadas, lo que dificulta la investigación de su autoría”, en este caso se habría producido una filtración “cuyo origen el propio medio sitúa en ‘fuentes de la investigación’ y que procede de una causa judicial declarada secreta”. Y concluye: “Así pues, estaríamos ante un hecho que aparentemente presenta todos los indicios de constituir un delito de revelación de secretos por funcionario público”.
El magistrado Ismael Moreno acordó el pasado diciembre desgajar la investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE y declarar secreta esta parte después de que el partido presentara un pendrive con sus cuentas entre 2017 y 2024. El juez de la Audiencia Nacional dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción “ante la gravedad” de los hechos “para su conocimiento " y para que “informe lo que a su derecho convenga” y señaló, también, que la petición de la formación de Gobierno de preservar la información era “lógica” “fundada” y “necesaria”.
El PSOE entregó una memoria USB con la documentación requerida sobre los tickets de todas las liquidaciones de gastos de esos siete años. La formación había reclamado al juez que la información se analizara bajo secreto para garantizar la protección de datos. Fuentes de Ferraz explicaron entonces que se trataba de detalles de carácter personal, puesto que habían entregado cientos de páginas en las que se vinculaban todos los pagos por años con las personas que recibieron las cantidades.
El juez Moreno abrió esa pieza separada dentro del caso Koldo sobre los gastos en efectivo a petición del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que es quien investigaba a Ábalos y su asesor de confianza. Tras analizar el informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista, y la documentación presentada por el PSOE en la que detallaban las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización que dirigía el exministro, al juez Puente no terminaban de encajarle algunos conceptos.
Ese fue el motivo por el que derivó la información a la Audiencia Nacional para que despejara las “incógnitas” sobre si existieron “actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”. La sospecha del juez era que el partido podría estar “blanqueando” la actividad delictiva desplegada por Ábalos y Koldo mediante pagos en efectivo . La Fiscalía Anticorrupción apoyó la investigación , aclarando que la formación de Gobierno no está siendo investigada, sino que podría existir un “posible desfalco cometido contra el partido”.
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