El gobierno de coalición español se enfrentó a su última grieta política esta semana después de que el gobernante Partido Socialista (PSOE) extendiera unilateralmente la vida operativa de la central nuclear de Almaraz hasta 2030.La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de agosto de 2026, ha provocado fuertes críticas de Sumar, el socio más pequeño de la alianza gobernante.Sumar acusó al PSOE de romper un compromiso clave hecho durante la formación del gobierno de coalición en octubre de 2023, que incluía una promesa de eliminar gradualmente la energía nuclear en España en los próximos años.
Según Sumar, la decisión refleja una capitulación a los intereses corporativos en lugar de una necesidad técnica o ambiental. El partido argumentó que el PSOE se había comprometido previamente a cerrar las centrales nucleares de una manera planificada, segura y socialmente equitativa, con los últimos reactores programados para cerrarse para 2035.
Al extender la operación de Almaraz, el PSOE parece haber abandonado este objetivo, socavando la credibilidad del acuerdo de coalición y la agenda más amplia de Sumar de promover la energía renovable. La reacción de Sumar fue rápida e inequívoca. En una declaración publicada poco después del anuncio, el partido expresó "desacuerdo absoluto" con la extensión, llamándola una "profunda ruptura" del consenso gubernamental. El partido enfatizó que la decisión retrasaría la transición del país a las energías renovables, impondría costos y riesgos inaceptables para la sociedad y aumentaría los precios de la electricidad.
Sumar también advirtió que la carga financiera del mantenimiento de la planta caería en fondos públicos, desviando recursos de las inversiones en infraestructura de energía renovable. La controversia se produce en un momento en que el PSOE se enfrenta a la presión de factores nacionales e internacionales. La volatilidad del mercado energético, impulsada por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, ha obligado a los responsables políticos a reconsiderar el papel de la energía nuclear en la garantía de la seguridad energética.
El partido también criticó al PSOE por no mantener los compromisos asumidos durante las negociaciones de coalición, incluida una promesa de cerrar las centrales nucleares de acuerdo con el calendario acordado. El PSOE defendió la extensión, afirmando que cumplía con tres criterios clave: seguridad, confiabilidad del suministro y ningún costo adicional para los ciudadanos. El gobierno enfatizó que la extensión era limitada en alcance y se basaba en una evaluación exhaustiva por parte de las autoridades reguladoras.
Sin embargo, la extensión de Almaraz podría afectar indirectamente el momento de cierre de otros reactores, lo que podría retrasar la transición general de la energía nuclear. Los analistas políticos sugieren que la disputa sobre Almaraz pone de relieve las diferencias ideológicas más profundas dentro de la coalición.
Los partidarios de la extensión, incluidos los gobiernos regionales y las plataformas locales, acogieron con satisfacción la decisión como necesaria para la estabilidad económica y la preservación del empleo en Extremadura, donde se encuentra Almaraz. El Partido Popular (PP) y Vox también respaldaron la medida, argumentando que la energía nuclear proporciona un apoyo esencial al sistema eléctrico nacional. Por otro lado, los grupos ecologistas y los partidos de oposición condenaron la decisión, advirtiendo de consecuencias a largo plazo para los objetivos climáticos y la salud pública.
La ampliación de Almaraz constituye, por ahora, un claro indicador de los desafíos que enfrenta la transición energética española y de la fragilidad de sus actuales alianzas políticas.
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