Municipios afectados por el incendio de Riglos piden investigar al Gobierno de Aragón por las obras de la A-132

Los municipios afectados por el incendio cerca de Riglos han pedido una investigación sobre el manejo del gobierno regional de las obras viarias en la autopista A-132. Estas ciudades, ubicadas en el Reino de los Mallos, han acusado al Gobierno de Aragón de no proporcionar la documentación solicitada relacionada con el proyecto, lo que según dicen ha generado preocupaciones sobre la seguridad y el cumplimiento ambiental. Los municipios, que representan diferentes afiliaciones políticas, incluidas varias con liderazgo conservador, han unido fuerzas para exigir transparencia y rendición de cuentas.

Las investigaciones iniciales sugirieron que el incendio se originó en el área donde se estaban llevando a cabo las obras, aunque hasta ahora no se ha establecido un vínculo definitivo entre las actividades de construcción y el incendio.

El concejal Luis Biendicho, responsable de Medio Ambiente, confirmó la decisión del gobierno de unirse al proceso legal como víctima. Afirmó que el individuo actualmente detenido enfrenta pruebas claras de implicación y que la causa del incendio debe ser examinada a fondo. Ambos funcionarios subrayaron la necesidad de claridad en torno al incidente. El grupo político Chunta Aragonesista (CHA) ha respaldado el llamado a la acción de los municipios, prometiendo llevar el tema ante el Parlamento aragonés. Su portavoz, Verónica Villagrasa, afirmó que las autoridades locales tienen derecho a acceder a toda la documentación técnica y a exigir garantías de seguridad pública.

Los líderes locales recuerdan las advertencias anteriores sobre el cierre de la A-132 durante los meses de verano. Los representantes de la comunidad, los dueños de negocios y los residentes habían expresado previamente su preocupación por el impacto de dicho cierre en la movilidad y la respuesta de emergencia. Sus esfuerzos llevaron al mantenimiento de un flujo parcial de tráfico en la carretera. Sin embargo, el incendio más tarde obligó a la evacuación de cientos de personas y representó una amenaza para las comunidades cercanas.

Argumentan que el gobierno regional no ha proporcionado los documentos necesarios y no ha demostrado una supervisión adecuada. La situación pone de relieve las tensiones más amplias entre la gobernanza local y la planificación regional, especialmente en torno a los proyectos de infraestructura que afectan a las zonas rurales. A medida que se desarrolla el proceso legal, el enfoque seguirá siendo determinar si los trabajos de construcción contribuyeron al incendio y cómo se siguieron los procedimientos regulatorios.