El gobierno de México ha avanzado en las discusiones sobre la fracturación hidráulica no convencional, conocida como "fracking", con expertos que recomiendan su posible implementación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los hallazgos provienen del Comité Científico de Soberanía Energética y Reservas de Gas Natural No Convencional, que presentó los resultados iniciales durante una conferencia de prensa celebrada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 6 de agosto en el Palacio Nacional. El comité enfatizó la necesidad de una evaluación cuidadosa antes de proceder con tales operaciones, destacando consideraciones ambientales, económicas y sociales.
El grupo científico, compuesto por 54 especialistas, realizó análisis sobre las características de las reservas de gas no convencionales, las técnicas de exploración disponibles, los requisitos de agua y los impactos ambientales y de salud asociados con los procesos de extracción. Su trabajo incluyó la evaluación de la disponibilidad de recursos hídricos, la evaluación de su comportamiento en los depósitos subterráneos y la exploración de alternativas para el tratamiento y la reutilización. Una comisión separada se centró en las implicaciones ambientales, sociales, económicas y de salud del fracking, examinando los efectos en el suelo, la calidad del aire, los riesgos ecológicos, la seguridad ocupacional y la planificación del territorio.
Otro subcomité evaluó la viabilidad económica y social de la extracción de gas no convencional, considerando aspectos financieros, marcos regulatorios y estrategias para reducir el consumo de energía y la dependencia de las importaciones. Según Rosaura Ruiz, jefa de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, estos grupos de trabajo permitieron la comprobación cruzada de información, la incorporación de experiencias institucionales y el fortalecimiento del análisis general.
A pesar de los esfuerzos por aumentar la producción nacional de gas natural convencional, reducir la quema en los campos petrolíferos, promover la energía renovable y aplicar medidas de eficiencia energética, México aún enfrenta desafíos para lograr la soberanía energética.
Sin embargo, reconoció que la viabilidad económica seguía siendo revisada por el panel de expertos. La presidenta enfatizó que la soberanía energética requería minimizar el impacto ambiental al tiempo que garantizaba la autosuficiencia nacional. Los expertos también abordaron los posibles riesgos ambientales asociados con los procedimientos de muestreo y extracción. Afirmaron que no se identificaron riesgos relacionados con las operaciones de perforación destinadas a confirmar la presencia de agua salada en el subsuelo profundo, desconectada de acuíferos poco profundos. Sin embargo, recomendaron realizar estudios preliminares y perforaciones para verificar la existencia de reservas de gas no convencionales.
Estas evaluaciones ayudarían a determinar si el recurso puede extraerse de manera segura y sostenible. El comité científico delineó varias recomendaciones clave, que incluyen acelerar la integración de fuentes de energía renovables, implementar programas de eficiencia energética a nivel nacional, aumentar la producción nacional de gas natural convencional y eliminar la quema de gas vinculada a la producción de petróleo.
En cambio, sugirieron centrarse en regiones como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde tales actividades podrían tener menos repercusiones sociales y ambientales. Otras propuestas incluyeron el uso de agua salada en lugar de agua dulce en los procesos de fracturación hidráulica, la reutilización del agua utilizada en la extracción, la evitación de productos químicos tóxicos y el establecimiento de sistemas de monitoreo independientes para garantizar la integridad de las aguas subterráneas, el equilibrio hidrológico, el seguimiento de la actividad sísmica, la protección del ecosistema y el apoyo asesor técnico. Los expertos subrayaron la importancia de obtener el consentimiento libre e informado de las poblaciones afectadas antes de iniciar cualquier proyecto de extracción.
Las cadenas de suministro locales deben ser alentadas para estimular las oportunidades de empleo regional. Las organizaciones ambientales han pedido una prohibición constitucional del fracking después del informe del comité científico, citando preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo y el daño ecológico. Mientras tanto, algunos analistas argumentan que la extracción de gas no convencional podría desempeñar un papel en la reducción de las importaciones de energía y la mejora de la seguridad energética nacional, siempre que se apliquen regulaciones estrictas para mitigar el daño ambiental. A medida que continúe el debate, el gobierno mexicano probablemente procederá con cautela, equilibrando los intereses económicos con la administración ambiental y las consideraciones de salud pública.
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