El gobierno de Chile está considerando implementar un nuevo estado de excepción destinado a combatir el crimen organizado y el terrorismo, según funcionarios. La medida permitiría restricciones a los movimientos, toques de queda e interceptación de telecomunicaciones dentro de áreas específicas consideradas de alto riesgo. La propuesta se produce después de que el presidente José Antonio Kast esbozó su agenda de seguridad a nivel nacional a principios de esta semana, centrándose en abordar el crimen organizado y el terrorismo. El ministro de Seguridad Pública Martín Arrau detalló el alcance del estado de excepción propuesto durante una entrevista con T13.
Explicó que los estados de excepción actuales, como los de asambleas, sitios, catástrofes y emergencias, no abordan específicamente las preocupaciones de seguridad pública. En su lugar, a menudo tratan con interrupciones del orden público, que enfatizó que es diferente de abordar el crimen organizado y el terrorismo. Arrau sugirió que ciertas zonas, como vecindarios u operaciones rurales, podrían requerir herramientas especializadas para gestionar estas amenazas de manera efectiva. El ministro señaló que el nuevo estado de excepción podría implicar la restricción de algunas libertades, incluida la limitación del movimiento a través de toques de queda o el control de reuniones.
Además, podría haber disposiciones para interceptar las telecomunicaciones para facilitar investigaciones y operaciones más rápidas contra el crimen organizado y el terrorismo.Cuando se le preguntó sobre la posible participación de las fuerzas militares, Arrau aclaró que las fuerzas policiales, específicamente Carabineros, liderarían las operaciones, aunque se podría buscar la colaboración con las fuerzas armadas para tareas específicas.Claudio Alvarado, el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), confirmó que el gobierno está evaluando una enmienda constitucional para establecer un nuevo tipo de estado de excepción centrado en sectores o vecindarios particulares.
Esta iniciativa pondría estas áreas bajo el mando de Carabineros, apoyados por las fuerzas armadas. Alvarado indicó que los criterios para declarar tal estado de excepción dependerían de indicadores que muestren la necesidad de una intervención más profunda contra el crimen. Bajo este marco, se podrían implementar medidas excepcionales como la restricción de la libertad por un período definido. Martín Arrau reiteró que se están analizando modificaciones a los estados de excepción existentes para mejorar el papel de las fuerzas armadas al tiempo que garantizan que tengan la protección legal necesaria.
El ex ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó su preocupación por la propuesta, advirtiendo de los riesgos significativos asociados con la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad nacional. Argumentó que transformar las fuerzas armadas en entidades responsables del orden interno y la seguridad pública cambiaría fundamentalmente su mandato constitucional.
Cordero destacó la formación distinta requerida para el trabajo policial en comparación con la de las fuerzas armadas, enfatizando que estas últimas están capacitadas para diferentes roles institucionales. Advirtió que iniciar una política de este tipo sin comprender completamente estas diferencias plantea riesgos sustanciales. Cordero señaló que los procedimientos policiales implican capacitación específica y protocolos desconocidos para las fuerzas armadas. Advirtió contra la creación de lo que llamó "estados de Frankenstein", refiriéndose a la transferencia de conceptos de un dominio a otro sin precedente o consistencia establecidos.
Explicó que ambas instituciones operan en base a estrictas jerarquías y doctrinas internas, que a menudo son difíciles de comprender para las autoridades civiles. Subordinar una institución con su propia cadena de mando y doctrina a otra podría crear distorsiones institucionales significativas. Instó a los responsables políticos a reconocer estas complejidades antes de tomar decisiones que podrían afectar negativamente a las instituciones nacionales.
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