AREn la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, una mujer llamada Silvia Itatí Solís fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por posesión de estupefacientes como cómplice, marcando el primer juicio público bajo la nueva legislación que transfirió la jurisdicción sobre la venta de drogas a pequeña escala a los tribunales locales. El caso fue presidido por el juez Jorge Claudio Venialgo, quien reclasificó los cargos de autoría a participación. Durante el juicio, se recibieron ocho testimonios junto con evidencia forense, informes de inteligencia y órdenes de registro. El tribunal también ordenó la bancarrota de Carsa SA y aprobó un subsidio para los trabajadores despedidos de Musimundo. La sentencia fue emitida como parte de los procedimientos legales en curso en el poder judicial de Goya.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta un relato fáctico de un procedimiento legal sin inclinación ideológica manifiesta. Si bien se discute un tema políticamente sensible, el tráfico de drogas, no favorece a ninguna facción política o ideología en particular.
