Shoemaker, accused, does not convince the judge

17/06/2026

Actualizado a las 20:33h.

El hecho, tristemente histórico, de que un expresidente de Gobierno de España se siente por primera vez ante un juez, acusado de liderar una presunta organización criminal y de cometer otros delitos de gravedad, va más allá del mero dato estadístico y certifica un fallo institucional de enorme calado. La excepcionalidad en la que hemos entrado dolorosamente como nación, de mano de José Luis Rodríguez Zapatero , consiste en que está bajo sospecha toda una institución del Estado. Tras su declaración como investigado, que duró tres horas, para el juez Calama «no ha logrado desvirtuar los indicios razonables de criminalidad». Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron por tanto, ante el riesgo de fuga, la retirada del pasaporte a un ciudadano que es, en sí mismo, una oficina diplomática de España. Calama no accedió a la petición por la «visibilidad pública» del imputado, pese a contar con una red de apoyo en el extranjero formada por gobiernos (normalmente dictaduras) y empresas públicas que no se ven disuadidas por esa fama.

El intento que se desprende de los erráticos argumentos de defensa de Zapatero para separar su labor como expresidente de su actividad empresarial dibuja con precisión los contornos del agujero ético y moral que ahora mismo se juzga. El propio discurso expresado por él explica la profundidad del abismo al que nos asomamos. El imputado asegura, desde una ingenuidad pretendida, que no trabajó para Plus Ultra, sino para Análisis Relevante, la empresa que habría ejercido presuntamente de pantalla para que pudiera cobrar por sus servicios. ¿Medio millón de euros por contratos e informes verbales? Solo desde un inaceptable cinismo puede comprenderse semejante línea de defensa. Lo mismo sucede con el intento de anular las pruebas por las dudas sobre su obtención en EE.UU. o con el argumento de que los delitos habrían prescrito. Casan mal estas justificaciones con la pretendida inocencia del expresidente socialista y gurú político y espiritual de sanchismo.

Si en el PSOE se había celebrado esta declaración porque iba a ofrecerle la oportunidad de aclarar todas las sospechas que pesan sobre él, la realidad ha sido justamente la contraria. Zapatero ha traicionado la institucionalidad de su cargo al no responder a las preguntas de la Fiscalía, al remitirse a un comunicado y al pedir más tiempo para ofrecer una explicación razonable sobre la posesión de una fortuna en joyas de origen desconocido. Todo el tiempo que solicita refuerza la impresión de que, en realidad, está buscando una coartada. ¿Qué ejemplo de colaboración con la Justicia ofrece quien ostentó la segunda magistratura del Estado? Más bien todo lo contrario, su estrategia es un ejemplo tipo a la de todos los presuntos delincuentes. Zapatero representa el último estadio de la degradación institucional, política y moral a la que el PSOE ha sometido a España durante sus años de mandato. Por ello se ve obligado a responder ya no solo ante sus votantes y ante los ciudadanos de este país, sino también ante los jueces.

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