SUBSECRETARÍA ASEGURÓ QUE NO MODIFICARÁ LA LEY DE FRACCIONAMIENTO
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La llamada “Ley Longueira” -cuestionada por su origen marcado por cohecho y financiamiento político ilegal- debía ser reemplazada por el proyecto de nueva Ley de Pesca. Pero esta última iniciativa fue frenada a días de iniciado el gobierno de José Antonio Kast. A pesar de que pasó dos años de tramitación en el Congreso, el proyecto fue retirado y la Subsecretaría de Pesca argumentó que sería sometido a estudio. Consultados por CIPER, diputados y senadores oficialistas, junto a asociaciones empresariales del rubro, apoyaron el retiro, argumentando que la iniciativa generaba incertezas jurídicas para las pesqueras industriales. En tanto, parlamentarios de oposición y pescadores artesanales acusan que la paralización encubriría la intención de dar continuidad a los principales ejes de la “Ley Longueira”: que las licencias para las grandes empresas sigan siendo “renovables” y asegurar cuotas de pesca mayores para los industriales.
Créditos imagen de portada: Maribel Fornerod / Agencia Uno.
A dos semanas de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, el pasado 26 de marzo, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) anunció el retiro del proyecto de la nueva ley para ese sector productivo. Tras dos años de discusión en el Congreso, la iniciativa que pretendía entregar una mayor equidad entre la pesca artesanal e industrial frenó su tramitación. El proyecto había iniciado su camino legislativo en enero de 2024 con el objetivo principal de reemplazar la norma que hasta hoy regula al rubro, conocida como “Ley Longueira”, la que es cuestionada por su origen marcado por cohecho y financiamiento político ilegal. El caso Corpesca, que terminó con un senador, una diputada y el gerente de esa pesquera condenados , inició una cascada de antecedentes que revelaron cómo empresas y asociaciones gremiales de la pesca industrial financiaron a políticos que después legislaron a favor de ese mismo sector.
La norma vigente quedó desacreditada después de que la justicia investigó el financiamiento que gremios como la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral (Fipes) proporcionaron a parlamentarios. Incluso, se detectó que el subsecretario de Pesca en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el exdiputado Raúl Súnico (PS), mantuvo relaciones de este tipo: su cónyuge hizo boletas de honorarios para la Asipes, por una suma total de $33 millones, antes de que el asumiera ese cargo ( vea el especial de CIPER sobre este tema ).
CIPER consultó a la Subpesca sobre esta decisión de retirar el proyecto de ley impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Mediante un comunicado, el subsecretario Osvaldo Urrutia señaló que la prioridad es construir acuerdos amplios con todos los sectores pesqueros, ya que así, “ se evitan improvisaciones que generen incertidumbre o afecten la competitividad de una actividad estratégica para Chile ”. La posición de Urrutia es concordante con la de parlamentarios oficialistas y asociaciones pesqueras industriales que apoyaron el retiro del proyecto, bajo el argumento de que generaba incertezas jurídicas para las grandes empresas del rubro.
En tanto, parlamentarios de oposición y el gremio de los pescadores artesanales acusan que, al pausar la tramitación de la iniciativa, se buscaría dar continuidad a los dos aspectos cruciales de la cuestionada “Ley Longueira”: extender las actuales concesiones a las grandes pesqueras más allá de 2032 y asegurar cuotas de pesca mayores para los industriales.
Créditos: Maribel Fornerod / Agencia Uno.
LA DISPUTA POR LA EXTENSIÓN DE LAS LICENCIAS
La “Ley Longueira”, que sigue vigente, le entregó licencias transables de pesca (LTP) de tipo A a empresas industriales, con una duración de 20 años, plazo que se cumple en 2032, pero con la particularidad de que son “renovables”, condición que se pierde sólo si la empresa es sancionada por incumplimientos laborales o por infracciones en su desempeño técnico (como, por ejemplo, realizar un desembarque superior al autorizado). Esto implica que el permiso puede ser, prácticamente, a perpetuidad. Y este tratamiento especial se justificaría porque se trata de empresas que argumentan tener un “derecho histórico” y que ya han hecho una gran inversión.
Las LTP las entrega la Subpesca y consisten en un permiso administrativo que concede a una empresa un derecho exclusivo para extraer una cuota de un determinado recurso marino. También hay LTP de tipo B, que se entregan a través de una subasta, donde puede competir la pesca artesanal.
El proyecto de ley que fue retirado por el gobierno introducía una modificación que ha sido resistida por las principales pesqueras industriales y por los parlamentarios de zonas donde ellas están asentadas. La iniciativa propone que las autorizaciones se concedan por 10 años y que las LTP clase A se otorguen solo por una cuota proporcional a los desembarque…
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CL