Andrés Hernández Cubides. Docente e investigador en temas de paz y seguridad.
Iván Cepeda llegó a esta campaña presidencial cargando dos herencias que lo ayudan y lo condicionan al mismo tiempo. La primera es la del Acuerdo de Paz de 2016, él fue uno de sus arquitectos políticos y ese no es un dato biográfico menor: implica una responsabilidad con lo que él ayudó a construir. Un eventual gobierno suyo sería la primera oportunidad real de honrarla desde adentro, como uno de sus propios creadores.
La segunda es la de la paz total, una apuesta del gobierno Petro que él respaldó políticamente, que generó expectativas enormes y entregó resultados incipientes, y cuyos desaciertos no pueden repetirse. De llegar a la presidencia, tendrá que asumir ambas herencias con una visión distinta: darle al Acuerdo la implementación que merece y no repetir los errores de una política de paz que perdió el rumbo.
A diez años de la firma del Acuerdo, el balance es el de un proceso que avanzó donde era más fácil y se quedó corto donde más importaba. La reincorporación tiene resultados concretos: cerca de 12.000 excombatientes vinculados a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), más de 6.000 proyectos productivos aprobados y las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitidas en 2025 contra excomandantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública. Esos son hitos reales, pero los Pdet —el instrumento central para transformar los territorios más golpeados por el conflicto— cuentan otra historia.
Según la Fundación Ideas para la Paz, apenas el 56% de sus 33.007 iniciativas han comenzando a ejecutarse, luego están las garantías de seguridad, que —diez años después— son el punto más incumplido del Acuerdo: con más de 480 firmantes asesinados desde la firma, según el Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación, y 1.577 líderes sociales asesinados entre 2016 y junio de 2025, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Ese es el Acuerdo que Cepeda heredaría si llega a la presidencia, con avances reales en algunos frentes y deudas profundas en otros.
Sobre la segunda herencia vale la pena detenerse. Lo paradójico de la paz total es que la hoja de ruta de esa política ya existía, y él mismo Iván la había trazado. En un texto publicado en julio de 2019 en la página del Polo Democrático, Cepeda describió la necesidad de consolidar una idea de paz total y definitiva como la solución global y simultánea de tres problemas: la implementación integral del Acuerdo de paz con las Farc, un acuerdo con el ELN y el sometimiento a la justicia de estructuras paramilitares y grupos residuales. No era un eslogan; era una arquitectura con orden lógico, donde el primer punto —la implementación del Acuerdo de 2016— operaba como condición de posibilidad para los demás.
Sin esa base, los otros componentes carecían de legitimidad y de referente. Lo que el gobierno Petro ejecutó bajo ese mismo nombre fue otra cosa, una política que trató los tres componentes como equivalentes y simultáneos, sin claridad sobre con quiénes se negociaba ni bajo qué condiciones, y que terminó diluyendo el Acuerdo —que debía ser el punto de partida— entre una decena de mesas con resultados desiguales.
Quien lea el texto de 2019 y observe lo que ocurrió entre 2022 y 2026 tendrá dificultades para sostener que se trató de la misma idea. Pero quizás el error más difícil de reconocer es otro: la agenda de transformaciones territoriales que el gobierno Petro propuso desde el comienzo, se comenzó a negociar con los actores armados antes que con las comunidades. Esa lógica fue un error estratégico que incidió en la legitimación de gobernanzas criminales ya existentes y marginó —en cierta medida— la participación de las víctimas en las negociaciones, quienes al final deberían ser el eje central de cualquier proceso serio de paz.
Ese diagnóstico importa porque explica, en parte, que el problema no fue solo de voluntad política; también fue de enfoque. En ese escenario, una nueva política de paz tendrá que revisar no solo el foco de las discusiones, sino también la composición de los equipos negociadores, las banderas rojas, los no negociables y, sobre todo, tener la claridad política para excluir de la mesa a quienes demuestren con hechos que no tienen voluntad de paz. Señalar que se harán los ajustes necesarios a la política de paz total como se ha hecho hasta el momento es insuficiente; se requiere una explicación concreta sobre cuáles son esos ajustes y de qué manera se harán.
Con esto en mente aparece una pregunta en el debate público que aún no tiene respuesta clara: ¿Podrá Cepeda separarse del petrismo lo suficiente para gobernar con lógica propia sin perder su norte? En el tema de paz y seguridad, la continuidad de la idea petrista de paz no es un activo, es una carga, y reconocerlo no equivale a traicionar el proyecto; equivale a aprender. Lo que funcionó merece defensa, y lo que no, autocrítica genuina; no un aju…
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