La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero presentó un escrito el 2 de junio en el que ya denunciaba “algunas omisiones relevantes” que afectaban directamente al ejercicio del derecho de defensa. El documento es previo al auto del juez en el que acordaba el requerimiento a EEUU solicitando usar el contenido del móvil de Rodolfo Reyes requisado en 2021, clave en la imputación de Zapatero.
El abogado afirmaba en su escrito que “hay evidencias digitales que no constan en la causa”, en referencia ya entonces a que no podía consultar dos dispositivos de los que se habían extraído múltiples conversaciones para sustentar los atestados de la UDEF. “Vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe 'espigar' o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, se quejaba en el escrito.
Concretaba que se refería al llamado “disco Crucial” donde se contiene el chat 'Danilo España', y el dispositivo de Rodolfo Reyes que fue facilitado a la policía por la HSI. “Esa circunstancia genera una clara indefensión y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe espigar o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, decía.
Por eso, advertía, o se proporcionan “íntegramente” los dispositivos de modo que las defensas pueden acceder en su totalidad a ellos o se excluyen por completo, “suprimiendo las referencias a los contenidos que han podido ser examinados por las partes”.
Más información sobre el proceso de custodia
De forma posterior, la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero planteó al juez José Luis Calama un escrito con las dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra.
Ante la “parquedad de información” proporcionada hasta el momento sobre el origen de estas pruebas, la defensa del expresidente ha solicitado que el requerimiento a EEUU se amplíe con ocho peticiones. Entre ellas, reclama la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en EEUU. A nivel técnico, exigen conocer qué autoridad realizó el volcado, qué software se empleó y, sobre todo, que se aporten los mecanismos de verificación —como códigos hash y actas de desprecinto— con los que se pueda determinar si las conversaciones han sufrido algún tipo de manipulación.
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