La legisladora provincial Karina Bruno reclamó el apartamiento preventivo de Marcos Carasso de su cargo como vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba , luego de que fuera imputado en una causa que investiga una presunta defraudación al PAMI en Río Cuarto. La villamariense calificó al ex intendente de General Cabrera como “ el Adorni cordobés ”, una definición con la que buscó señalar lo que considera una contradicción entre el discurso político de su espacio y los hechos que hoy investiga la Justicia.
Bruno presentó un proyecto en la Legislatura provincial para que el organismo de control tome una decisión institucional mientras avanza la investigación judicial. Según argumentó, la gravedad de la acusación y los allanamientos realizados tanto en dependencias del Tribunal de Cuentas como en domicilios particulares vinculados a la causa hacen incompatible la continuidad del funcionario en su cargo.
“ Estamos hablando del máximo órgano de control de la provincia . Lo mínimo que debe hacerse, por lo menos en mi criterio, es apartarlo”, sostuvo la legisladora.
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Además, cuestionó la falta de explicaciones públicas por parte de Carasso y del propio Tribunal de Cuentas, al señalar que, a varios días de conocidos los procedimientos judiciales, no hubo información oficial ni una decisión que facilitara el avance de la investigación.“Hablan desde un altar moral sobre cómo debe ejercerse la política, pero cuando aparecen investigaciones por presuntas defraudaciones al Estado, el comportamiento es completamente distinto”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que existe una “doble vara” en el tratamiento de las acusaciones públicas . “Cuando pasa en otros espacios políticos el castigo es anticipado, moral y ético. Cuando es uno propio, se opta por el silencio”, cuestionó.
La legisladora también remarcó que el caso adquiere una dimensión especial por tratarse de recursos pertenecientes al PAMI, organismo que asiste a jubilados y pensionados. Según indicó, la presunta maniobra investigada se produce en un contexto de dificultades para garantizar prestaciones y pagos dentro del sistema de salud.
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“Estamos hablando de fondos de uno de los sectores más vulnerables, mientras existen problemas con la provisión de medicamentos y con las prestaciones”, señaló.
Si bien reconoció el derecho de Carasso a ejercer plenamente su defensa en sede judicial, Bruno consideró que su condición de funcionario público exige un estándar adicional de responsabilidad institucional.
“El hecho de ser funcionario público también te obliga a explicar qué está sucediendo. Lo correcto sería dar un paso al costado mientras se investiga para garantizar transparencia y tranquilidad en el proceso”, expresó.
Finalmente, recordó que dentro del Tribunal de Cuentas la fuerza política a la que pertenece Carasso tiene mayoría, por lo que consideró que existe una responsabilidad directa sobre las decisiones y el funcionamiento interno del organismo.
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AR