Hace pocos días, un artículo de El País informó que una parte importante de los llamados intelectuales colombianos decidió respaldar a Iván Cepeda o advertir sobre los riesgos que representaría una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella. Entre los nombres mencionados aparecen escritores, académicos, juristas, filósofos y columnistas ampliamente reconocidos en la opinión pública nacional. Como ciudadanos tienen pleno derecho a expresar sus preferencias políticas, respaldar candidatos y participar en el debate democrático. Lo que merece una reflexión más profunda no es por quién votan, sino la idea implícita de que representan a “los intelectuales colombianos” y que, por esa condición, poseen una autoridad moral o política superior para orientar las decisiones de la sociedad. El problema no es la opinión; el problema es la autoridad que algunos pretenden derivar de ella.
¿Quién decidió quién es el intelectual?
La primera pregunta que debería hacerse cualquier lector es sencilla: ¿quién decidió que estas personas representan a los intelectuales colombianos? Colombia cuenta con miles de profesores universitarios, investigadores, científicos, economistas, ingenieros, médicos, matemáticos, juristas y académicos que jamás fueron consultados para otorgar semejante representación. Sin embargo, cuando ciertos medios hablan de “los intelectuales colombianos”, suelen referirse a un pequeño grupo de escritores, columnistas y académicos visibles que comparten espacios mediáticos, editoriales y círculos de opinión relativamente homogéneos.
La cuestión no es menor. Una cosa es expresar una opinión política y otra muy distinta es presentarla como si proviniera de una autoridad intelectual superior. En una democracia, los argumentos valen por su contenido y no por el prestigio de quien los pronuncia. La propia noción de intelectual merece ser revisada. ¿Es intelectual quien escribe novelas, quien publica columnas, quien enseña en una universidad, quien posee un doctorado, quien aparece regularmente en los medios de comunicación, quién otorga esa certificación?, ¿bajo qué criterios?
Con demasiada frecuencia, la palabra “intelectual” funciona más como una credencial simbólica que como una categoría rigurosa. Se convierte en una forma de reconocimiento social que otorga visibilidad y legitimidad, pero que no necesariamente implica una mayor capacidad para comprender la complejidad política, económica o social de un país. El verdadero intelectual no es quien acumula prestigio, reconocimiento o seguidores; es quien está dispuesto a cuestionar incluso sus propias convicciones. Es quien entiende que el conocimiento comienza precisamente cuando reconocemos la posibilidad de estar equivocados. Por ello resulta paradójico que algunos de quienes hoy se presentan como guardianes de la democracia parezcan asumir una posición de superioridad moral frente al resto de los ciudadanos. No fueron elegidos por nadie para desempeñar ese papel. Son legitimados por los mismos circuitos académicos, editoriales y mediáticos de los cuales forman parte.
La inteligencia nunca ha sido garantía de sabiduría política
La historia del siglo XX debería vacunarnos contra cualquier forma de arrogancia intelectual. Martin Heidegger, uno de los filósofos más influyentes de la historia contemporánea, apoyó al nazismo. Jean-Paul Sartre justificó durante años los abusos del estalinismo. Intelectuales europeos respaldaron regímenes totalitarios convencidos de que estaban del lado correcto de la historia. Economistas brillantes defendieron modelos que terminaron produciendo profundas crisis económicas. Profesores universitarios apoyaron sistemas políticos que posteriormente se convirtieron en símbolos de represión y fracaso.
La inteligencia nunca ha protegido a nadie contra el error. Karl Popper sostenía que el conocimiento avanza precisamente porque aceptamos la posibilidad permanente de equivocarnos. Isaiah Berlin advertía que las mayores tragedias políticas suelen comenzar cuando un grupo de personas cree haber descubierto la única verdad legítima para organizar la sociedad. Friedrich Hayek insistía en que ningún individuo, experto o élite dispone del conocimiento suficiente para dirigir la vida de millones de ciudadanos.
Sin embargo, una parte de nuestra intelectualidad parece olvidar estas lecciones. Con frecuencia habla desde una posición de certeza moral que deja poco espacio para la duda. Se presenta como intérprete de la democracia, de la razón o del progreso, mientras observa con desconfianza a quienes piensan diferente. Pero la democracia no se construye sobre la certeza; se construye sobre el desacuerdo.
Más aún, la historia reciente de Colombia demuestra que nuestros intelectuales tampoco han estado exentos de errores. Algunos guardaron silencio frente al proceso 8.000. Otros justificaron excesos durante la Seguridad Democrática. Muchos respaldaron sin reservas el proceso de paz, ignorando algunas de sus limitaciones. Otros defendieron…
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