Guillermo Alfonso Forero Medina, Consultor en gestión pública de la cultura.
Esta columna fue escrita por el columnista invitado Guillermo Alfonso Forero Medina.
¿Por qué todavía sorprende que los artistas, gestores y colectivos culturales expresen sus posiciones políticas?
El vertiginoso inicio de la segunda vuelta visibilizó una realidad que el sector cultural pocas veces pone en discusión. Artistas, gestores, académicos, portadores y colectivos han expresado sus preferencias políticas respaldado alguna de las dos candidaturas presidenciales, cuestionado las propuestas de gobierno y participado en la conversación electoral.
Las reacciones en redes sociales frente a este fenómeno se han movido entre la sorpresa y la preocupación. En la sociedad parece persistir la idea de que la cultura debería ocupar un lugar distinto al de la política, como si los debates relacionados con el poder, el Estado o el futuro del país pertenecieran a otros espacios de la vida pública.
La extrañeza que producen estas posiciones políticas también revela una expectativa de neutralidad que rara vez se exige con la misma intensidad en otros sectores de la sociedad. Empresarios, sindicatos, gremios, universidades, iglesias, medios de comunicación y organizaciones sociales participan habitualmente en los debates electorales sin que ello genere cuestionamientos sobre la legitimidad de su existencia; cuando la participación política proviene de artistas o gestores culturales, en cambio, suele aparecer la idea de que la cultura debería mantenerse por encima de las disputas partidistas, como si el ejercicio de la ciudadanía pudiera suspenderse en nombre de la creación, la gestión o la actividad artística.
La polarización que hoy observamos en el sector cultural no apareció con este proceso electoral ni con la confrontación política representada por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Las discusiones en las que subyacen distintas formas de comprender el papel del Estado, la distribución de los recursos públicos, los modelos de desarrollo, las políticas de reconocimiento o las formas de participación han acompañado históricamente la construcción de la vida cultural colombiana. Los periodos electorales simplemente aumentan la visibilidad de esas posiciones y las agrupan alrededor de proyectos políticos concretos.
Pensar la cultura como un espacio naturalmente armónico desconoce la enorme diversidad que existe dentro del propio sector. Las trayectorias de un gestor cultural comunitario en el Pacífico, una organización indígena en la Amazonía, una biblioteca popular en una ciudad intermedia, una compañía de artes escénicas en Bogotá o un colectivo juvenil en una zona rural del Meta responden a experiencias, necesidades y visiones del país profundamente distintas. Pretender que todos esos actores compartan una misma lectura política o que sigan a un único candidato equivale a negar la pluralidad que la propia cultura reivindica como uno de sus valores fundamentales.
La tendencia a identificar al sector cultural con una posición ideológica también desconoce la complejidad de sus formas de organización. Las agendas de una agrupación artística comunitaria, una organización patrimonial, un proceso de cultura viva comunitaria, una empresa creativa, un colectivo juvenil o una institución cultural difícilmente coinciden en todos los asuntos que hacen parte de la discusión pública. Esperar que exista una representación política homogénea para un sector tan diverso resulta tan problemático como asumir que todos los habitantes de una ciudad, todos los campesinos o todos los docentes deberían votar de la misma manera.
Las democracias se construyen sobre la posibilidad de sostener desacuerdos acerca de asuntos relevantes para la sociedad; los riesgos aparecen cuando las diferencias dejan de tramitarse mediante argumentos y comienzan a convertirse en mecanismos de exclusión, descalificación o estigmatización. En estos escenarios, las posiciones políticas dejan de discutirse por lo que proponen y empiezan a juzgarse únicamente por la identidad de quien las expresa.
Precisamente allí aparece uno de los principales desafíos para la cultura. Parte de su legitimidad pública proviene de la capacidad para reunir personas, comunidades y perspectivas distintas alrededor de experiencias compartidas sin que esa condición elimine los desacuerdos, lo que permite que la diferencia pueda expresarse sin convertirse en ruptura. La existencia de conflictos no invalida la posibilidad de encuentro; por el contrario, vuelve más relevante la creación de espacios donde los conflictos puedan tramitarse de manera democrática.
Ese desafío adquiere una relevancia particular porque la cultura suele presentarse como un escenario privilegiado para el diálogo y la construcción de ciudadanía. Buena parte de los discursos culturales reivindican la diversidad, la inclusión y el reconocimiento de las diferencias como principios fundamentales de la convivencia democrática. La…
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