La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles tramitar la penalización de las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+. Este paso ―necesario para debatir en la Cámara la inclusión de estas prácticas en el Código Penal, cuya votación está programada para el 25 de junio― llega casi un año después de que se tomara en consideración la propuesta legislativa. PP y Vox han votado en contra de iniciar la tramitación. “Hay que reconocer a la gente como es, mirar a los ojos a las personas y aceptarlas como son. No intentar cambiar a nadie porque nadie tiene por qué ser cambiado”, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la Cámara baja.
Estas prácticas, descritas como “tortura” por la ONU, están sancionadas administrativamente desde 2023, según estableció la Ley trans (la 4/2023). Sin embargo, desde entonces no se han impuesto multas. En los últimos tres años, el ministerio ha recibido 23 denuncias, individuales o colectivas, entre ellas una que apuntaba a siete diócesis españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara y Málaga).
De esas 23 denuncias, tres se encuentran “en fase de actuaciones previas”. “Esta misma semana se ha incoado un expediente sancionador”, ha detallado la ministra. Las otras 20 han sido archivadas, pues Igualdad carece de las competencias para tramitarlas. Al estar castigadas con una sanción administrativa (con multas de hasta 150.000 euros), las denuncias son gestionadas en última instancia por las Comunidades Autónomas. “Éstas actúan de acuerdo con los intereses políticos y directrices ideológicas del partido titular del Gobierno autonómico”, han alertado desde No es terapia , la principal asociación española en contra de estas prácticas.
Según esta organización, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid han archivado las denuncias que han presentado “sin dar explicación, sin permitirnos recurrirlas o señalando, incorrectamente, que carecen de las competencias para tramitarlas”. De ahí que lleven años pidiendo que se incluyan en el Código Penal: “Se trata de una violencia que se perpetra en un entorno alejado del escrutinio público y de imposible tutela sin intervención judicial; solo la jurisdicción penal puede encargarse de una instrucción efectiva”.
La propuesta inicial, presentada por el PSOE en junio de 2025, planteaba modificar el Código Penal ―introduciendo el artículo 173.bis― para establecer condenas de cárcel de entre seis meses y dos años al que “aplique o practique” falsas terapias que busquen “modificar, reprimir, eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género”. Entonces, la toma en consideración de ese cambio contó con el apoyo de todos los partidos, incluido el PP, excepto el de la extrema derecha de Vox, que se opuso, y UPN, que se abstuvo.
En la Comisión celebrada este miércoles se han debatido enmiendas y propuestas de los grupos parlamentarios para asegurar que el jueves que viene salga adelante la votación en el Congreso. Una de las enmiendas aceptadas este miércoles ha sido incluir una multa de ocho a 24 meses a quien las aplique sobre una persona, aunque cuente con el consentimiento de esta, o de su representante legal.
Justamente, la diputada de Compromís Agueda Micó, había pedido al PSOE que incorporase al texto algunas de las enmiendas planteadas teniendo en cuenta que “la mayoría de las víctimas son menores de edad, sometidos a esas prácticas por sus propias familias, de las que dependen económicamente”. “Queremos que esta ley sea útil, que se tipifique en el Código Penal el delito de tortura por terapias de conversión, pero también que se establezcan alternativas habitacionales y ayudas económicas para quienes lo necesitan”, añadió Micó.
Para la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, “estas torturas son una violenta expresión de odio y deben sancionarse con cárcel, antecedentes e inhabilitación a quienes las promuevan o practiquen”. De ahí que haya celebrado que se avance en su penalización: “Es un paso importante en la protección de las personas LGTBI+ y una pequeña semilla en la reparación de la dignidad de quienes han sido víctimas de ellas”.
La Organización Mundial de la Salud recomienda a los Gobiernos “terminar” con estas pseudoterapias, pues las personas que las sufren, en muchas ocasiones empujadas a ellas por su entorno social más cercano, tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud mental, depresión y estrés postraumático. Además, exhiben un aumento de pensamientos e intentos suicidas, según un estudio de The Lancet Psychiatry publicado el año pasado.
El teléfono 028 atiende a las víctimas de lgtbifobia las 24 horas del día, todos los días del año. También conocido como teléfono Arcoíris, es un servicio de información y atención a víctimas de delitos de odio y de discriminación anónimo, gratuito, confidencial y accesible. Además, se puede contactar por correo electrónico (028-online@igualdad.gob.es) o conectar a tr…
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