04.06.2026
Enviado por María José Escudero y Claudia González, directora de Incidencia y Desarrollo y Jefa Jurídica y de Incidencia Fundación Ronda, respectivamente.
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Señor Director:
La reciente Cuenta Pública dejó fuera dos temas fundamentales para miles de familias chilenas: los derechos de las personas con discapacidad y de quienes ejercen labores de cuidado.
Según la ENDIDE 2022, 2.703.893 personas, equivalentes al 17,6% de la población adulta del país, viven con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, los desafíos pendientes siguen siendo enormes: acceso oportuno a salud integral y rehabilitación, educación inclusiva, accesibilidad universal y mayores oportunidades laborales. Hoy, el 61% de las personas con discapacidad permanece fuera del mercado laboral, pese a la existencia de una ley de inclusión.
Avanzar en esta materia requiere dejar atrás enfoques asistencialistas y garantizar derechos efectivos durante todo el ciclo de vida. Por eso preocupa que la única referencia al tema en la Cuenta Pública haya sido la conmemoración del Día Nacional de la Teletón. Si bien la institución cumple un rol invaluable en rehabilitación, el acceso a este derecho no puede seguir dependiendo de la solidaridad ciudadana. Chile ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación del Estado de garantizar estos apoyos de manera universal y eliminar el enfoque de caridad y asistencialismo hacia las personas con discapacidad.
Igualmente preocupante fue la ausencia de medidas para las personas cuidadoras. Actualmente, más de 1,3 millones de mujeres están fuera del mercado laboral por responsabilidades familiares permanentes. Esta realidad profundiza las brechas de género, limita la autonomía económica y genera altos niveles de sobrecarga, aislamiento y deterioro de la salud mental.
Las soluciones existen: avanzar en una sala cuna universal, ampliar el apoyo económico a las personas cuidadoras, fomentar su contratación laboral y fortalecer las políticas de salud integral. También es necesario instalar la inclusión y la corresponsabilidad social como principios permanentes de las políticas públicas.
El Gobierno aún tiene la oportunidad de corregir esta omisión. Las personas con discapacidad y las personas cuidadoras no necesitan caridad, necesitan derechos garantizados y políticas concretas que les permitan desarrollarse en igualdad de oportunidades.
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CL