En Colombia hay un viejo dicho que se usa para poner de presente una situación en la que una parte está en total desventaja frente a un contrincante mucho más poderoso. También funciona como una advertencia para no dar una batalla que no se puede ganar porque, según dice el dicho, es una “pelea de tigre con burro amarrado”. Pues bien, parece que la movida política nos va a brindar un divertido espectáculo que puede hacerle eco al dicho.
En estos días un grupo de eminentes juristas dio a conocer una carta a la opinión pública en la que se plantea que Abelardo de la Espriella podría tener un inconveniente con su doble nacionalidad colombo-norteamericana. El análisis que hacen muestra que, si De la Espriella fuera presidente, podría configurarse un conflicto de intereses en su ejercicio en el ejecutivo, por el hecho de que para ser ciudadano norteamericano se le ha hecho jurar que no habrá compromiso de fidelidad con ningún Estado, gobierno o soberano, superior al que estará obligado a tener hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y como una carta llama a otra carta, ya circulan las discusiones jurídicas: que si inhabilidad, que si impedimento, que si incompatibilidad, que si conflicto de intereses, que si ninguna de las anteriores. Pero, más allá de estas importantes discusiones técnicas, lo que puede ser un material entretenido es preguntarse cuánto podría confundirse el tigre en una encrucijada de esta naturaleza.
No se trata de que un presidente colombiano no pueda tener doble (o triple) nacionalidad. De hecho, ni su nacionalidad de norteamericano (de gringo; o, como dicen los aculturados, de “americano”) ni su otra nacionalidad de italiano (que junto con la costeñitud es otra de varias cosas que comparte con Petro) lo invalidan como candidato o presidente. Digamos que ese no es el fuerte de su inhabilidad. No, el punto es que para cumplir el sueño de ser ciudadano gringo hay que jurar que Norteamérica estará por encima de cualquier interés externo o interno que atente contra la seguridad del país.
Juramento de ciudadanía:
“Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio y abjuro absoluta y enteramente toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjero, de quien o de la que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que voy a apoyar y defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todo enemigo, extranjero y nacional; que voy a tener fe verdadera y lealtad al mismo; que portaré las armas en defensa de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que prestaré servicio de no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que realizaré trabajo de importancia nacional bajo dirección civil cuando lo exija la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión; que Dios me ayude”.
El compromiso adquirido en ese juramento es muy profundo y es una estupidez reducir el análisis al escenario hipotético de una guerra. Como si solo en tal caso se presentara un conflicto de intereses. Entre los Estados ocurren, para bien y para mal, muchas más cosas que las guerras. Las naciones que tienen relaciones se alinean o confrontan ante los conflictos internacionales; suscriben acuerdos de colaboración humanitaria, jurídica y policial; establecen relaciones culturales y, por supuesto, tratados de comercio y arancelarios, etc. En todos estos contextos puede haber acuerdos, pero también desacuerdos; pues los gobernantes están llamados a cuidar los intereses de sus naciones y defender sus soberanías.
El problema no es la doble nacionalidad en sí misma. El problema es que, para obtener la ciudadanía norteamericana, el juramento exigido por la constitución de USA pone al nuevo ciudadano en un contexto jurídico-normativo en el que cabe la imputabilidad por traición si una corte tipifica alguna conducta, en territorio nacional o extranjero, como amenaza a los intereses de los Estados Unidos. Eso puede no ser un problema para un empresario, para un abogado o para un showman . Pero, si se posesionara como presidente de Colombia, el ciudadano colombo-norteamericano Abelardo de la Espriella tendría que jurar defender y cumplir la constitución de Colombia. Es aquí donde se configura el escenario de una encrucijada ético-política. Porque jurar defender la constitución de un país implica adoptar una identidad política y un compromiso ético. Es natural que los intereses de los países puedan eventualmente divergir y lo que se espera es que sus gobernantes tengan clara su identidad ético-política, su identidad nacional. Lo que debemos preguntarnos es si estamos dispuestos a que los gobernantes vacilen a la hora de definir a qué constitución obedecerán, a qué nación deben su lealtad.
Un candidato a la presidencia que en plaza pública invita a sus seguidores a ignorar una sentencia de los jueces colombianos y que presenta sus denuncias ante las autoridades norteamericanas, ignorando las ins…
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