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El Departamento de Justicia de Trump obtiene la supervisión de los patrocinios de empleados de la tarjeta verde de OpenAI
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El Departamento de Justicia de Trump obtiene la supervisión de los patrocinios de empleados de la tarjeta verde de OpenAI

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con OpenAI y su antigua subsidiaria, Statsig, que requiere tres años de supervisión de sus prácticas de contratación. El DOJ alega que ambas compañías violaron la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) al no priorizar a los ciudadanos calificados de los Estados Unidos para ciertas funciones antes de buscar la residencia permanente (PERM) para empleados inmigrantes. Como parte del acuerdo, OpenAI y Statsig acordaron pagar un total de $ 3.2 millones, $ 1.2 millones como multa y $ 2 millones como posible restitución a los ciudadanos estadounidenses afectados. El acuerdo exige que las compañías presenten informes detallados sobre sus procesos de contratación, incluidos cuántos solicitantes estadounidenses fueron considerados en comparación con candidatos extranjeros. La investigación sobre OpenAI y Statsig comenzó antes de la adquisición de OpenAI en 2025, y el DOJ señaló que se han producido acuerdos bajo otras administraciones anteriores que involucran tecnología similar a empresas importantes como Apple y Facebook.

OpenAI has agreed to pay $3.2 million to resolve allegations brought by the U.S. Department of Justice (DOJ) that it favored foreign workers over American applicants in certain job placements. The settlement comes after the DOJ accused OpenAI and its former subsidiary, Statsig, of violating immigration laws by discouraging U.S. citizens from applying for positions covered under the Permanent Employment-Based Visa Program, known as PERM. The agreement was reached following an investigation that spanned several years and included multiple instances of alleged misconduct. The DOJ's Civil Rights Division announced the resolution on Wednesday, revealing that the companies had agreed to a three-year oversight period during which they will be monitored for compliance with federal hiring regulations. Under the terms of the settlement, OpenAI and Statsig must pay a $1.2 million fine and allocate $2 million toward potential restitution for affected U.S. citizens. The restitution fund will be used to compensate individuals who may have been unfairly disadvantaged by the companies' alleged actions. While neither company admitted to wrongdoing, they accepted responsibility for adhering to the legal requirements surrounding the sponsorship of permanent resident visas. According to the DOJ, the companies engaged in practices that allegedly violated the Immigration and Nationality Act (INA). These included failing to publicly post job openings on standard job boards, advertising during hours when few Americans might be available to apply, and requiring paper-based applications instead of digital submissions. The DOJ argued that these strategies effectively limited access to job opportunities for U.S. citizens, thereby undermining the intent of the INA, which mandates that employers seek qualified domestic candidates before pursuing visa sponsorship. The case involves two entities, OpenAI and Statsig, though the latter was previously a separate company before being acquired by OpenAI in September 2025. At least part of Statsig was later sold back to its original owners in May 2026. Despite this change in ownership, the DOJ initiated its investigation into both companies independently, beginning in August 2025. The agency cited five separate incidents involving OpenAI between 2023 and 2025, along with one incident related to Statsig. This settlement marks another step in the DOJ’s broader enforcement efforts regarding employment-related immigration issues. The INA, enacted in 1952, has historically been used to hold large technology firms accountable for non-compliance. For example, during the Biden administration, both Facebook and Apple faced similar settlements, though those cases involved more extensive and systemic violations. The current case, while smaller in scale, reflects a continued focus on ensuring fair access to employment opportunities for U.S. citizens. Under the oversight conditions outlined in the settlement, OpenAI and Statsig will be required to draft and obtain approval for their PERM-related hiring policies. They will also need to submit detailed semiannual reports containing data on the number of applications submitted for foreign employees, the number of U.S. citizens interviewed, and other relevant metrics. These measures aim to ensure transparency and adherence to federal labor standards.

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2 informaciones

Quartz logoQuartzIndependienteCentroVeracidad 95Objetividad 90anteayer
OpenAI acordó pagar $ 3.2 millones para resolver las reclamaciones del DOJ de que favoreció a los trabajadores extranjeros

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) alega que OpenAI y su subsidiaria Statsig discriminaron a los trabajadores estadounidenses al desalentarlos de solicitar puestos cubiertos por el programa PERM. El DOJ afirma que estas acciones violaron las leyes laborales diseñadas para proteger a los trabajadores domésticos en el proceso de contratación. Como parte de un acuerdo, OpenAI ha acordado pagar $ 3.2 millones para resolver las reclamaciones. El caso destaca las preocupaciones sobre las prácticas corporativas que afectan las oportunidades de empleo para los ciudadanos estadounidenses en los sectores tecnológicos.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta alegaciones de hecho del Departamento de Justicia sin apoyar o criticar abiertamente la postura de la agencia.Informa sobre un acuerdo legal sin tomar una posición ideológica clara, manteniendo la neutralidad en su formulación del tema.

Por qué veracidad (95): The article accurately summarizes the core facts: the $3.2 million settlement, the allegations of discrimination against U.S. workers, and the involvement of the PERM program. It does not introduce any incorrect details or omit key points from the primary source.

Por qué objetividad (90): The article presents the information in a neutral manner, avoiding strong language or opinionated statements. It focuses on the facts without editorializing or taking sides, maintaining a balanced tone throughout.

TechCrunch logoTechCrunchIndependienteCentroVeracidad 85Objetividad 75anteayer
El Departamento de Justicia de Trump obtiene la supervisión de los patrocinios de empleados de la tarjeta verde de OpenAI

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con OpenAI y su antigua subsidiaria, Statsig, que requiere tres años de supervisión de sus prácticas de contratación. El DOJ alega que ambas compañías violaron la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) al no priorizar a los ciudadanos calificados de los Estados Unidos para ciertas funciones antes de buscar la residencia permanente (PERM) para empleados inmigrantes. Como parte del acuerdo, OpenAI y Statsig acordaron pagar un total de $ 3.2 millones, $ 1.2 millones como multa y $ 2 millones como posible restitución a los ciudadanos estadounidenses afectados. El acuerdo exige que las compañías presenten informes detallados sobre sus procesos de contratación, incluidos cuántos solicitantes estadounidenses fueron considerados en comparación con candidatos extranjeros. La investigación sobre OpenAI y Statsig comenzó antes de la adquisición de OpenAI en 2025, y el DOJ señaló que se han producido acuerdos bajo otras administraciones anteriores que involucran tecnología similar a empresas importantes como Apple y Facebook.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta los hechos del acuerdo y las acusaciones hechas por el DOJ sin favorecer abiertamente a ninguna de las partes.

Por qué veracidad (85): The article accurately reports the $3.2 million settlement, the involvement of OpenAI and Statsig, and the allegations of discrimination under the INA. It mentions the PERM program and the specific actions taken by OpenAI, such as not listing roles publicly and using paper applications. However, it

Por qué objetividad (75): The article uses phrases like 'Trump’s DOJ' which could imply political bias, though it is not explicitly biased. It frames the situation as 'oversight' and mentions that the companies 'did not admit to wrongdoing,' which adds nuance but slightly leans toward presenting the companies as non-admittin

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