Un tribunal de apelaciones de Texas anuló una orden judicial que había cerrado las clínicas de la partera María Rojas, quien fue acusada de realizar abortos ilegales. El 15o Tribunal de Apelaciones dictaminó que el estado proporcionó pruebas insuficientes para justificar la orden judicial, afirmando que las declaraciones juradas de causa probable de un caso penal relacionado fueron admitidas inadecuadamente. Rojas, representada por el Centro de Derechos Reproductivos, argumenta que si bien el revés legal se invierte, el daño ya está hecho, ya que sus clínicas han sido cerradas y se le prohíbe reabrirlas debido a condiciones de fianza. El caso, que involucra la Ley de Protección de la Vida Humana de Texas, que prohíbe los abortos después de seis semanas, ahora volverá a la corte de juicio, con planes para nuevas acciones legales por parte del fiscal general de Texas Ken Paxton.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta los argumentos legales de ambas partes sin favorecer abiertamente ni la posición del estado ni la defensa de Rojas.





