Mijail Bonito y caso de menores haitianos: “Se ha creado una suerte de alarma masiva (...) Hemos catalogado de crisis un evento que no parece serlo”

Mijail Bonito, exasesor de política migratoria durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, ha expresado su preocupación por la forma en que se ha manejado el caso de los menores haitianos que ingresaron al país en vuelos chárter.

Durante una entrevista en la radio Agricultura, Bonito destacó que los menores ingresaron al país con permisos legales de residencia temporal otorgados por el Servicio Nacional de Migraciones, lo que implica que cumplían con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

El asesor señaló que los niños entraron al país con documentación en regla, incluyendo permisos de reunificación familiar, lo que significa que los padres o tutores tenían la responsabilidad de garantizar su bienestar en Chile. Bonito criticó la forma en que se ha manejado la situación, afirmando que la alarma generada no tiene un fundamento sólido, especialmente considerando que los menores aún no han sido localizados en el país. En su opinión, la falta de búsqueda activa por parte de las autoridades ha generado una percepción errónea de crisis, cuando en realidad, según él, no hay evidencia de que los niños estén desaparecidos o en peligro.

Además, Bonito mencionó que existen registros administrativos que podrían ayudar a rastrear a los niños y a sus familias. Destacó que conoce información sobre los pasaportes de los padres, sus números de residencia y sus últimas direcciones registradas, lo que sugiere que es posible identificar a los menores si se realiza una búsqueda sistemática.

Durante otra entrevista en el programa Desde la Redacción de La Tercera, Bonito volvió a cuestionar la forma en que se ha manejado la situación. Afirmó que se ha convertido en una crisis cuando, en su opinión, no parece serlo. Explicó que los menores haitianos llegaron al país con visas de residencia temporal de reunificación familiar, lo que implica que el Servicio Nacional de Migraciones debe verificar los pasaportes de los niños y confirmar que sus padres son residentes definitivos en Chile o ciudadanos chilenos naturalizados. Además, los padres deben demostrar que pueden mantener económicamente a sus hijos en el país.

Bonito señaló que el proceso de obtención de estas visas dura entre 180 días y un año, y una vez aprobadas, los menores reciben una residencia temporal válida por dos años.

El exasesor criticó la forma en que se ha manejado la alarma generada por la presencia de adultos que trajeron a más de 10 menores cada uno. Según Bonito, estos adultos eran responsables autorizados por los padres de los menores y presentaron los documentos necesarios ante la policía internacional. Sin embargo, señaló que el problema principal radica en el preinforme de la Contraloría, que indica que algunos documentos no estaban legalizados en el momento de la expedición de las visas.

Finalmente, Bonito cuestionó la rapidez con la que se tomó la decisión de crear una fuerza de trabajo coordinada por la ministra María Jesús Wulf. Según él, debería haber actuado con mayor prontitud, consultando a instituciones clave como el Registro Civil y las municipalidades para determinar si los niños estaban inscritos en colegios o si había algún registro de su presencia en el país.

Las autoridades chilenas han respondido a la situación con una serie de medidas destinadas a investigar el caso y garantizar la seguridad de los menores.La Contraloría ha iniciado una investigación sobre las prácticas del Servicio Nacional de Migraciones, mientras que la ministra María Jesús Wulf ha dirigido un grupo de trabajo interinstitucional para localizar a los niños y garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias.

Aunque varios menores han sido encontrados en los días posteriores al escándalo, la situación sigue siendo delicada, y las autoridades continúan buscando respuestas claras sobre cómo se permitió que los niños ingresaran al país con documentos no completamente legalizados.

Lo que se espera en el corto plazo es que las investigaciones revelen si hubo negligencia o irregularidades en el proceso de admisión de los menores. Las autoridades también deberán responder a las críticas públicas y políticas sobre la gestión de la crisis, así como garantizar que las medidas adoptadas eviten situaciones similares en el futuro.