Las comunidades indígenas mayas en Yucatán, México, están tomando medidas legales contra las empresas que operan o planean establecer canteras de arena y grava cerca de sus hogares, sitios arqueológicos y fuentes de agua. Los grupos acusan a las autoridades federales y estatales de no proteger sus derechos a la tierra, garantizar la consulta indígena y mantener la seguridad ambiental. También critican al poder judicial federal por permitir que la construcción continúe mientras se resuelven las disputas legales. Con el apoyo de la organización Utsil Kuxtal, las comunidades han presentado quejas ante agencias ambientales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y tribunales federales.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca el conflicto como una lucha entre las comunidades indígenas y los intereses corporativos, enfatizando la falta de consulta y protección ambiental.




