Dos ex agentes de policía de Curanilahue fueron acusados formalmente de no informar de un presunto descubrimiento de drogas durante una inspección de rutina, según las autoridades judiciales. El incidente tuvo lugar el 14 de junio de 2025, durante una patrulla a lo largo de la Ruta P-418. Los oficiales, ambos miembros activos de la Fuerza Policial Chilena, realizaron una búsqueda en un vehículo privado y supuestamente encontraron una cantidad de sustancias ilícitas que se cree que son drogas. En lugar de seguir los procedimientos adecuados, no presentaron los hallazgos para su análisis o presentaron un informe, a pesar de la presencia de cuatro personas que podrían haber estado implicadas.
La investigación reveló que uno de los oficiales descubrió un teléfono móvil que mostraba dos líneas blancas, que parecían ser cocaína. En lugar de preservar evidencia, el oficial desechó la sustancia en el suelo. Más tarde, el mismo oficial identificó tres tiras de papel blanco, que fueron pisadas intencionalmente y tiradas. Una de estas tiras se confirmó más tarde que contenía una sustancia parecida a la cocaína. Mientras tanto, el segundo oficial, mientras inspeccionaba las pertenencias de los pasajeros, encontró un contenedor etiquetado como que contenía yerba mate. Se le instruyó que lo desechara en un charco de agua, bajo la justificación de evitar que el individuo fuera detenido.
Durante la inspección de la ropa de uno de los ocupantes, los oficiales descubrieron un arma de hoja corta, conocida como cortapluma, que posteriormente fue arrojada a los árboles cercanos. El caso salió a la luz a través de investigaciones internas dentro de la fuerza policial, lo que llevó a la remoción inmediata de ambos oficiales del servicio. La Fiscalía ha alegado que los oficiales abandonaron la escena sin completar los procedimientos legales necesarios o documentar sus acciones en registros oficiales.
Los cargos fueron presentados ante la Fiscalía de Distrito de Arauco, donde el caso se encuentra actualmente en revisión. En mayo de este año, uno de los oficiales ya había sido removido del servicio después de ser acusado formalmente en relación con una investigación separada. Ese caso involucra a otros dos ex oficiales que formaban parte de una red criminal en Curanilahue, proporcionándoles información confidencial para facilitar actividades ilegales. El fiscal Johnny Cares solicitó la detención preventiva para el acusado, pero la solicitud fue denegada por el Tribunal de Garantía. El fiscal ha apelado la decisión ante el Tribunal de Concepción, que determinará el resultado.
Mientras tanto, el segundo oficial ha sido puesto bajo arresto domiciliario y sujeto a requisitos de registro nacional. Este caso destaca los desafíos en curso dentro de la aplicación de la ley con respecto al cumplimiento de las normas procesales y la transparencia en el manejo de posibles delitos relacionados con las drogas. Subraya la importancia de mantener protocolos rigurosos para garantizar la rendición de cuentas y defender el estado de derecho. La resolución de este caso probablemente proporcionará más información sobre cómo se abordan tales incidentes dentro del sistema de justicia chileno.
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