El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar a su vecino Cristian Díaz en julio de 2018, comienza oficialmente mañana, 10 de agosto. Después de ocho años y un mes desde el crimen, Álvarez finalmente se presentará ante el tribunal como el acusado. El caso ha estado marcado por repetidos retrasos, desafíos legales y evaluaciones médicas, todas centradas en si el músico estaba en condiciones de enfrentar un juicio. El asesinato tuvo lugar el 12 de julio de 2018, en el barrio de Cardenal Samoré, en Villa Lugano, Buenos Aires. Según los registros oficiales, Álvarez disparó a Díaz cuatro veces durante un enfrentamiento. Los dos hombres no eran amigos cercanos, pero se habían conocido a través de encuentros ocasionales.
Tras el asesinato, Álvarez presuntamente desechó el arma en una alcantarilla y permaneció en libertad durante 24 horas antes de entregarse a las autoridades policiales. Durante su arresto, confesó el crimen, afirmando: "Fue él o yo". Inicialmente, Álvarez fue detenido y colocado bajo el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), que opera dentro de la prisión de Ezeiza. Se le otorgó arresto domiciliario con monitoreo del tobillo. Sin embargo, el proceso judicial se estancó repetidamente.
Su defensa argumentó que el proceso no podía continuar hasta que se considerara mentalmente capaz. En marzo de 2023, el tribunal pospuso nuevamente el juicio, rechazando la solicitud de la defensa de despido mientras ordenaba la terminación del arresto domiciliario de Álvarez. La fiscalía, encabezada por el fiscal general Sandro Abraldes, se opuso a la suspensión, argumentando que el juicio debe continuar según lo planeado. Una evaluación médica realizada por un equipo de médicos y psicólogos concluyó más tarde que Álvarez poseía suficiente capacidad cognitiva para participar en el proceso legal. Este hallazgo llevó a la Fiscalía a exigir que se reanudara el juicio.
Ahora, el juicio está programado para comenzar con 11 sesiones programadas, cada una de tres horas. El caso será escuchado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. El fiscal será representado por el fiscal Abraldes, mientras que el abogado del demandante es Fernando Burlando. Álvarez será defendido por el defensor oficial, Javier Aldo Marino. Durante la primera sesión, el juez Goerner informó a Álvarez que fue absuelto en un caso separado que involucraba presunta violencia y detención ilegal de dos mujeres en 2016.
El juez también preguntó sobre su consumo de drogas, a lo que Álvarez admitió haber usado narcóticos en el pasado, pero declaró que estaba actualmente en tratamiento y ya no los usaba. Se espera que el testimonio de testigos clave juegue un papel central en el juicio. Uno de los primeros testigos, Verónica Román, la última pareja del fallecido, testificó que creía que Álvarez no se arrepentía del asesinato y que esperaba que se hiciera justicia por su hijo.
Se esperan testimonios adicionales de otros que estuvieron presentes durante el incidente, incluida la novia de Álvarez en ese momento, su padre y un transeúnte que fue testigo del altercado. Estos relatos tienen como objetivo reconstruir la secuencia de eventos que condujeron al tiroteo y aclarar la naturaleza de la disputa entre los dos hombres. A medida que avance el juicio, el resultado dependerá de la evidencia presentada, la credibilidad de los testigos y los argumentos legales que rodean la aptitud mental de Álvarez para enfrentar el juicio.
El caso continúa llamando la atención no solo por su complejidad legal, sino también por las implicaciones más amplias con respecto a los derechos de las personas con problemas de salud mental a participar plenamente en el sistema de justicia.
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