Un artículo analiza cómo la aprobación de Nueva Zelanda del herbicida glifosato, utilizado en productos como Roundup, se basa en revisiones financiadas por la industria que ahora están bajo investigación. Tras un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor de Bayer, que adquirió a Monsanto, la batalla legal sobre los riesgos de cáncer del glifosato continúa. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) clasifica el glifosato como "no probable" que cause cáncer, mientras que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud lo etiqueta como "probablemente cancerígeno para los humanos". Esta discrepancia surge porque la EPA a menudo se basa en estudios no publicados financiados por los fabricantes, mientras que la IARC utiliza datos disponibles públicamente. Nueva Zelanda, incapaz de evaluar todos los productos químicos de forma independiente, depende de evaluaciones internacionales. Sin embargo, algunas de estas evaluaciones fueron influenciadas por informes escritos por Monsanto, incluidos estudios fantasmales con integridad cuestionable e investigaciones recientes sobre estas revisiones científicas.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca la cuestión como un conflicto entre la investigación financiada por la industria y los estándares científicos independientes, destacando la influencia de los intereses corporativos en las decisiones reglamentarias.



