La minería ilegal en el sur de Bolívar se ha convertido en el principal motor financiero para los grupos armados ilegales, con el 70 por ciento del oro producido en la región controlado por estos grupos, según los funcionarios. La situación se ha convertido en un conflicto peligroso, con un aumento de la violencia y comunidades atrapadas en el fuego cruzado.
Según el gobernador Yamil Arana de Bolívar, solo el 5 por ciento de la actividad minera de oro en el sur es legal, contribuyendo a proyectos de infraestructura regional a través de regalías. El 95 por ciento restante está controlado por actores ilegales, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Clan del Golfo, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Arana destacó que el sector minero ilegal está dominado por estos grupos armados, que han logrado consolidar su control sobre la lucrativa industria.
Señaló que mientras los tres grupos principales, el ELN, el Clan del Golfo y los disidentes de las FARC, están encerrados en una feroz lucha por el dominio, otras organizaciones criminales también compiten por una parte de las ganancias.
Entre las víctimas se encuentran Narciso Beleño, asesinado en abril de 2024; Teófilo Acuña y Jorge Tafur, miembros de la Comisión de Diálogo Bolívar del Sur, asesinados en febrero de 2022; Éver Ortega, presidente del Consejo de Acción Comunitaria en Santa Helena, municipio de Norosí; y Herminson Rivera y José Obdulio Sánchez, líderes comunitarios en Cantagallo, ambos asesinados en abril de 2022.
La situación empeoró recientemente cuando un grupo de guerrilleros del ELN lanzó un brutal ataque contra la Comisaría de Norosí el 19 de agosto, dejando a nueve oficiales y un civil herido. Durante el asalto, niños de una escuela pública y residentes cercanos fueron atrapados en el fuego cruzado. Los atacantes utilizaron drones y armas automáticas, demostrando la ventaja tecnológica que los grupos ilegales han obtenido sobre las fuerzas del orden. Según Arana, estos grupos poseen mejores recursos y tecnología que la policía nacional debido a las vastas sumas de dinero que reciben por controlar las minas.
Este desequilibrio ha hecho que sea cada vez más difícil para las autoridades mantener el orden y proteger a los civiles. En respuesta a la creciente crisis, las agencias militares y ambientales han comenzado a incautar equipos ilegales, incluida la maquinaria utilizada en las operaciones mineras. Estos esfuerzos tienen como objetivo interrumpir las cadenas de suministro de la minería ilegal y reducir la capacidad de los grupos armados para sostener sus actividades. Sin embargo, el desafío sigue siendo formidable, con el complejo terreno de la región y los problemas socioeconómicos profundamente arraigados que complican cualquier intento de cambio duradero.
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