Según los informes, el gobierno de Nicaragua ha despojado a numerosos abogados de sus certificaciones profesionales en lo que los críticos describen como parte de una campaña más amplia para reprimir la disidencia y consolidar el poder. Esta acción se produce en medio de la preocupación internacional por la administración del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, cuyo gobierno ha enfrentado acusaciones de violaciones generalizadas de los derechos humanos.
Según los informes, las revocaciones ocurrieron sin aviso formal del gobierno, dejando a muchos profesionales afectados inseguros sobre las razones detrás de la decisión. Reed Brody, un abogado estadounidense de derechos humanos y miembro de un panel de las Naciones Unidas que monitorea la situación en Nicaragua, señaló que las remociones parecían dirigirse a un número significativo de profesionales del derecho.
La profesión legal no es el primer sector que enfrenta este tratamiento. Desde 2018, cuando estallaron las protestas masivas contra el gobierno y se encontraron con una represión violenta, el régimen de Ortega-Murillo ha implementado medidas radicales para silenciar a la oposición. Estos incluyen el encarcelamiento de activistas, periodistas y figuras religiosas, junto con el desplazamiento forzado de miles de ciudadanos. Además, el gobierno ha disuelto a más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, incluidos grupos religiosos, asociaciones comunitarias y organizaciones juveniles.
Estas acciones han dejado a muchas personas apátridas, incapaces de acceder a la documentación legal básica debido a la desaparición de registros de bases de datos públicas. Juan Diego Barberena, un destacado abogado de derechos humanos que huyó a Costa Rica en 2022, confirmó que su certificación legal había sido eliminada de los registros oficiales.
Barberena destacó que las revocaciones se extendieron más allá de los conocidos por oponerse al gobierno. Algunos abogados afectados practicaban áreas de derecho no relacionadas con la política, como el derecho penal o familiar. Otros incluso estaban alineados con el partido gobernante. Esta amplia focalización sugiere una intención de eliminar cualquier desafío potencial al dominio del régimen, independientemente de la postura política o el área de experiencia de un individuo. Las implicaciones de estas acciones se extienden mucho más allá del campo legal. Al eliminar la capacidad de ciertos profesionales para operar legalmente, el gobierno limita efectivamente las vías a través de las cuales los ciudadanos pueden buscar justicia o impugnar las decisiones gubernamentales.
Esto se alinea con una estrategia de centralizar el control sobre todos los aspectos de la vida cívica, asegurando que el poder judicial permanezca subordinado a la rama ejecutiva. Los críticos argumentan que esto socava la base misma de una democracia funcional, donde un sistema legal independiente sirve como un control del poder. Las reacciones internacionales a estos desarrollos siguen centradas en los llamados a la rendición de cuentas y la preocupación por la erosión de las libertades civiles en Nicaragua. A medida que se desarrolla la situación, la atención probablemente se centrará en cómo responde la comunidad internacional, particularmente si se seguirán sanciones o presión diplomática.
Por ahora, los abogados afectados se encuentran en el limbo, despojados de su reputación profesional y abandonados a navegar por un paisaje cada vez más hostil al pensamiento independiente y la representación legal.
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