El periódico austriaco Kurier informa que las autoridades de Nicaragua han revocado los permisos de trabajo de 2.000 abogados sin proporcionar ninguna justificación y han eliminado sus nombres del registro de la Corte Suprema. Las Naciones Unidas han criticado fuertemente esta medida, considerándola como otro ejemplo de la erosión de la independencia judicial y la restricción del derecho a la defensa. Esta acción se alinea con la consolidación autoritaria del poder bajo el presidente Daniel Ortega, que ha estado atacando a los críticos, las ONG y los medios independientes durante años. Un abogado afectado por la decisión describió la medida como un mensaje político de control y represión, lo que indica que los ciudadanos solo pueden elegir abogados que apoyan al régimen. El representante de la ONU, Reed Brody, declaró que Nicaragua no cumple ni siquiera los estándares básicos de independencia judicial, y señaló que la eliminación de abogados del registro cierra efectivamente una vía vital para la defensa legal.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca la eliminación del registro de abogados como parte de un patrón más amplio de represión y autoritarismo bajo el presidente Ortega. Enfatiza las motivaciones políticas detrás de la acción, citando las críticas de la ONU y la perspectiva de los abogados afectados.






