Cuatro menores murieron en ataques aéreos ordenados por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella contra grupos guerrilleros en regiones controladas por facciones armadas, según las autoridades forenses. Los ataques se dirigieron a áreas en la Amazonía y a lo largo de la frontera venezolana donde prevalecen la minería ilegal, el tráfico de drogas y la extorsión. El presidente condenó el reclutamiento de menores por parte de grupos armados como violaciones del derecho humanitario. La operación militar en la región de Guaviare supuestamente neutralizó a diez combatientes, incluidos dos menores de 15 y uno de 16 años, mientras capturó a un adulto y recuperó a otro menor con vida. El Ministerio de Defensa declaró que las operaciones se adhirieron a los estándares legales, pero criticó el reclutamiento forzado como un crimen de guerra.
Lectura del sesgo (Conservador): El artículo enmarca las acciones militares del gobierno como justificadas por el derecho internacional y enfatiza el compromiso del presidente de combatir el "narco-terrorismo". Destaca la autoridad estatal y critica a los grupos armados por reclutar a menores, alineándose con las narrativas conservadoras que apoyan el强硬执法.





