El 10 de agosto de 2026, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva destinada a reducir el número de vacunas administradas a los niños estadounidenses. La directiva buscaba eliminar las vacunas de rutina contra la hepatitis A y B, y reducir la frecuencia de las vacunas contra la meningitis. Además, Trump propuso dividir la vacuna MMR, una vacuna combinada que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, en inyecciones separadas. Su razonamiento se basó en afirmaciones desacreditadas de que múltiples vacunas podrían causar autismo, una teoría que ha sido desacreditada por la investigación científica.
Trump también afirmó falsamente que la vacuna MMR inyecta un volumen de líquido equivalente a una lata de refresco, cuando en realidad, cada inyección contiene solo una fracción de una cucharada de suero. Esta orden ejecutiva, sin embargo, carece de aplicabilidad legal. Las políticas de vacunas en los Estados Unidos se rigen principalmente a nivel estatal, lo que significa que los gobiernos locales y los funcionarios de salud pública conservan la autoridad sobre los calendarios de vacunación obligatorios. Los expertos legales han señalado que la orden de Trump no anula las leyes estatales existentes y es poco probable que resulte en cambios inmediatos en los requisitos de vacunación.
Sin embargo, la orden ha provocado preocupación entre los funcionarios de salud pública y profesionales médicos, que advierten que podría contribuir a una disminución de las tasas de vacunación y aumentar el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los Estados Unidos han registrado el mayor número de casos de sarampión en más de tres décadas a mediados de 2026.
El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas, capaz de causar complicaciones graves que incluyen neumonía, encefalitis e incluso la muerte. El CDC enfatiza que la vacunación es el medio más efectivo de prevención, y que la abrumadora mayoría de los casos ocurren en individuos que no están vacunados. Los niños de sarampión han disminuido ligeramente en los últimos años. Durante el año escolar 2021-2022, aproximadamente el 93% de los niños de jardín de infancia recibieron la vacuna contra el sarampión, según los datos del CDC.
Los expertos señalan que mantener la cobertura de vacunación por encima del 95% es esencial para lograr la inmunidad de rebaño, que protege a las personas que no pueden vacunarse debido a la edad o condiciones médicas.
Si la retórica de Trump influye en estas comunidades, podría conducir a que una parte significativa de la población permanezca sin vacunar, aumentando la vulnerabilidad a brotes de enfermedades prevenibles. Mientras tanto, las implicaciones más amplias de las acciones de Trump se extienden más allá de la política de vacunación. Su administración ha perseguido consistentemente medidas que limitan el acceso a la atención médica, incluidas reducciones sustanciales en el financiamiento de Medicaid y la resistencia a la expansión de los subsidios de la Ley de Asistencia Asequible. Estas políticas han contribuido a un número creciente de estadounidenses sin seguro, exacerbando las disparidades en el acceso a la atención médica.
En combinación con sus declaraciones relacionadas con las vacunas, estas acciones reflejan un patrón de socavar la infraestructura de salud pública y promover agendas ideológicas sobre el consenso científico. A medida que se desarrolla la situación, la atención se centra en las consecuencias potenciales de las tasas de vacunación reducidas. Con los casos de sarampión alcanzando niveles históricos, crece el riesgo de brotes generalizados. Las autoridades de salud pública continúan monitoreando la situación de cerca, instando a los padres a garantizar que sus hijos estén completamente vacunados y enfatizando la importancia de la inmunidad comunitaria para prevenir el resurgimiento de enfermedades peligrosas.
Los efectos a largo plazo de la orden ejecutiva de Trump dependerán de la eficacia con que los mensajes de salud pública puedan contrarrestar la desinformación y mantener la confianza en las instituciones científicas.
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