El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su reciente decisión de revertir significativamente las reglas de reporte de propiedad beneficiaria bajo la Ley de Transparencia Corporativa. El cambio de política, finalizado el martes, permite al 99 por ciento de las entidades evitar presentar información detallada sobre sus propietarios beneficiarios a FinCEN, el brazo de aplicación de delitos financieros del Tesoro. Los legisladores emitieron una declaración conjunta expresando preocupación sobre cómo esta medida debilita los esfuerzos de transparencia y podría permitir que las empresas e individuos basados en actividades financieras ilícitas divulguen datos de propiedad beneficiaria.
Esto marca una reversión de la Ley de Transparencia Corporativa de 2021, que tenía como objetivo cerrar las lagunas que permitían a las empresas ficticias operar con una supervisión mínima. Bajo la nueva política, solo una categoría estrecha de entidades, principalmente aquellas con vínculos extranjeros, debe continuar informando detalles de propiedad.
La ley, que entró en vigor en diciembre de 2020, fue diseñada para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras formas de delito financiero al hacer más difícil para los delincuentes esconderse detrás de estructuras corporativas complejas. El gobierno de Estados Unidos está eliminando efectivamente una de las herramientas clave utilizadas para rastrear tales actividades. La decisión se produce en medio de debates más amplios sobre las prioridades regulatorias y el equilibrio entre la libertad económica y la seguridad nacional.
La acción del Tesoro se alinea con un patrón de desregulación bajo la administración actual, que también ha señalado una voluntad de reducir ciertos aspectos de la supervisión financiera.
Sus preocupaciones se hacen eco de críticas similares planteadas durante la redacción de la Ley de Transparencia Corporativa, que se había enfrentado a la oposición de grupos de la industria por temor a una regulación excesiva. El impacto del cambio de política se extiende más allá de los círculos legales y políticos. Las pequeñas empresas y los empresarios pueden beneficiarse de la reducción de los costos administrativos, pero las consecuencias a largo plazo siguen siendo inciertas. Sin mecanismos de seguimiento robustos, existe un mayor riesgo de que los delitos financieros no sean detectados, lo que podría conducir a un aumento del fraude, la corrupción y la pérdida de la confianza del consumidor.
Mientras tanto, los socios internacionales y las organizaciones de vigilancia pueden ver la decisión como un paso atrás en los esfuerzos globales para combatir las finanzas ilícitas. Avanzando, es probable que se intensifique el debate sobre los informes de propiedad beneficiaria. Los grupos de defensa centrados en la integridad financiera y la anticorrupción pueden presionar por reformas legislativas para restaurar partes de la Ley de Transparencia Corporativa. Al mismo tiempo, el Tesoro y otras agencias tendrán que abordar el creciente escrutinio sobre si la nueva política protege adecuadamente contra la mala conducta financiera. A medida que se desarrolle la situación, el enfoque seguirá siendo en cómo estos cambios afectan tanto a los sistemas financieros nacionales como internacionales.
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