El Gobierno de Madrid ha sido objeto de escrutinio tras adjudicar un contrato por valor de 60.000 euros a un familiar de un destacado influyente para el diseño de renovaciones en la Real Casa de Correos, la residencia oficial de la presidencia regional. Esta decisión se tomó a pesar de que el edificio estaba programado para obras de renovación, lo que ya había justificado la compra de un apartamento de lujo en Chamberí para uso temporal por la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP).
Sin embargo, el gobierno no reveló inicialmente la existencia de la propiedad ni su propósito previsto.El viernes por la tarde, la administración regional publicó el contrato para el proyecto de decoración de interiores de la Real Casa de Correos, adjudicado directamente a una empresa sin licitación competitiva.Esta acción ha intensificado las dudas en torno a todo el asunto, particularmente dada la falta de claridad con respecto a la necesidad y legalidad de la compra.Alberto González Amador, socio del presidente Ayuso, es el propietario de Maxwell Cremona, una empresa de consultoría que declaró pérdidas de € 26,236 en 2025, según recientes estados financieros presentados al Registro Mercantil.
La compañía reportó ingresos de 709.738 € en el año anterior, aunque entró en déficit tras una ganancia de 93.678 € en 2024. 2 millones en 2023 a 240.490 € en 2025. 225 millones, aunque hay preocupaciones sobre si estas cifras reflejan con precisión las reservas de la compañía. González Amador compró el apartamento de Chamberí en octubre del año pasado a través de Babia SL Capital, una compañía administrada por su asesor fiscal. Pagó un alquiler mensual de 5.000 € por la propiedad, que se encuentra por encima de otra casa de lujo que adquirió en julio de 2022.
Estas ventas coinciden con el escándalo que involucra la compra del apartamento de lujo por parte del gobierno de Ayuso, que estaba destinado a reuniones pero no puede ser utilizado como residencia oficial debido a las regulaciones locales. El gobierno afirma que venderá la propiedad para ayudar a los esfuerzos de recuperación después de los incendios forestales en la región de Sierra Oeste, aunque los fondos obtenidos no pueden ser asignados directamente para ese propósito. La presidenta Ayuso ha expresado su frustración con los periodistas que la cuestionan sobre el apartamento, argumentando que la cobertura de los medios de comunicación debe centrarse más en los incendios forestales que en sus asuntos personales.
En su discurso, la presidenta de la República destacó su compromiso de ayudar a los afectados por los incendios, sugiriendo que la prensa debería destacar sus esfuerzos en lugar de centrarse en la controversia que rodea el apartamento. Sin embargo, los críticos argumentan que su insistencia en desviar la atención del apartamento sugiere un intento de desviar el interés público de la investigación en curso sobre la legitimidad de la compra y los gastos relacionados.
A pesar de esto, continúa surgiendo nueva información, complicando la narrativa y planteando más preguntas sobre las implicaciones legales y éticas de las decisiones tomadas por el gobierno de Ayuso.
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