La ley de protección de datos de Chile, que entra en vigor el 1 de diciembre de 2024, impone estrictas obligaciones a los servicios públicos y las empresas con respecto al manejo de información personal. La ley establece un nuevo marco regulatorio con sanciones financieras significativas, que van desde $ 358 millones a $ 1.4 mil millones inicialmente, potencialmente triplicándose con ofensas repetidas. Mientras que las grandes corporaciones se preparan a través de revisiones internas y equipos de cumplimiento, las empresas más pequeñas enfrentan desafíos para adaptarse debido a los recursos limitados. Líderes de la industria como Luis Opazo de Abif y Susana Jiménez de CPC reconocen diferentes niveles de preparación en diferentes tamaños de empresa. Expertos legales como Felipe Harboe y Marcelo Drago señalan una mayor demanda de adaptación legal y tecnológica, especialmente entre empresas de tamaño mediano, startups y pequeñas empresas.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta una información equilibrada, poniendo de relieve tanto los desafíos a los que se enfrentan las pequeñas empresas como los esfuerzos de las organizaciones más grandes para cumplir.Incluye las perspectivas de múltiples partes interesadas, incluidas las asociaciones de la industria y los profesionales jurídicos, sin favorecer abiertamente a ninguna empresa específica.





