La cesión a Vox de la valoración de víctimas de violencia de género le abre a Juanma Moreno su primer frente tras el pacto de gobierno

Juanma Moreno se ha enfrentado a su primer gran desafío político desde que asumió el cargo de presidenta de la Junta de Andalucía, tras una controvertida decisión de transferir la responsabilidad de evaluar a las víctimas de violencia de género al partido de extrema derecha Vox.

La decisión fue anunciada en un decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno Regional el 4 de agosto de 2026, que asigna estas responsabilidades a Manuel Gavira, el líder de Vox en Andalucía y ahora segundo vicepresidente del gobierno regional. El decreto señala que Gavira supervisará una amplia gama de funciones relacionadas con la justicia, incluida la evaluación de víctimas de violencia de género.

Operan a través de equipos de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales basados en institutos legales médicos provinciales, todos reportando al Ministerio de Justicia. Sus informes juegan un papel crucial en ayudar a los jueces a tomar decisiones con respecto a órdenes de protección, custodia de menores y otros aspectos críticos de casos de abuso doméstico. Bajo la administración anterior, estas unidades permanecieron dentro del Ministerio de Justicia, dirigidas por José Antonio Nieto, miembro del Partido Popular (PP).

Si bien no hubo críticas específicas de este acuerdo en ese momento, el cambio actual ha generado preocupaciones entre los críticos que argumentan que colocar tales tareas sensibles bajo un partido de extrema derecha podría comprometer la imparcialidad y la seguridad de las víctimas.

La nueva estructura le da a Gavira un poder considerable, lo que efectivamente lo convierte en una de las figuras más influyentes en el gobierno regional. La controversia ya ha generado fuertes críticas de los grupos de oposición. Ángel Férrez, portavoz adjunto del PSOE, calificó la decisión de "intolerable" e "indecente", argumentando que muestra falta de respeto hacia las mujeres que han sido asesinadas o están en peligro. Instó a Moreno a reconsiderar la medida, enfatizando la importancia de proteger a las personas vulnerables.

En 2019, cuando Vox entró por primera vez en el Parlamento andaluz, su grupo parlamentario ya había cuestionado la efectividad e imparcialidad de las unidades de evaluación de víctimas. En ese momento, exigieron acceso a datos sobre el personal que trabaja en estas unidades, aunque su solicitud fue rechazada. Ahora, con Vox ocupando una posición destacada en el gobierno, la situación ha cambiado drásticamente.

Los críticos advierten que asignar tales responsabilidades a un partido con una historia de oposición a las políticas progresistas podría socavar los esfuerzos para proteger a las víctimas de la violencia de género.