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La campaña electoral del Departamento de Justicia llega al tribunal
United States🏛️ PolíticaCentrohace 5 h

La campaña electoral del Departamento de Justicia llega al tribunal

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) se ha enfrentado a reveses legales en sus intentos de obtener información detallada de los votantes de los estados, incluidos datos confidenciales como los números de licencia de conducir y los identificadores del Seguro Social. Los jueces federales, nombrados por demócratas y republicanos, han desestimado múltiples demandas presentadas por el DOJ, argumentando que la Ley de Derechos Civiles de 1960 no otorga al fiscal general la autoridad para obligar a la publicación de dichos registros. Estos desafíos legales se derivan de los esfuerzos de la administración para investigar el presunto fraude electoral, particularmente en apoyo de las afirmaciones del ex presidente Donald Trump de irregularidades electorales generalizadas. A pesar de estos esfuerzos, más de una docena de estados han compartido voluntariamente algunos datos de los votantes, aunque muchos han limitado la información a registros disponibles públicamente. Además, la administración ha perseguido otras políticas relacionadas con las elecciones, como las restricciones de SAVE y la Ley de Estados Unidos sobre votación por correo, pero también se han encontrado con obstáculos legales.

The Department of Justice (DOJ) faces mounting legal setbacks in its effort to obtain sensitive voter information from states, according to recent rulings by federal judges. On Monday, U.S. District Judge Philip Brimmer, a George W. Bush appointee, dismissed the DOJ’s lawsuit against Colorado’s secretary of state with prejudice, rejecting the administration’s claim that the Civil Rights Act of 1960 granted it sweeping authority to access voter records. The records in question included registrants’ driver’s license numbers and the last four digits of their Social Security identifiers. Brimmer ruled that compelling the release of the state’s voter list did not fall within the DOJ’s legal authority. This decision adds to a growing trend of judicial resistance to the administration’s broader campaign to secure voter data. The DOJ has sued 30 U.S. states and Washington, D.C., arguing that the information is necessary to combat alleged voter fraud and ensure election integrity. However, federal judges have consistently rejected these requests. According to the Brennan Center for Justice, 20 cases involving the DOJ’s voter data campaign have resulted in adverse rulings. In California, a judge called the request “unprecedented and illegal.” In Rhode Island, a Trump appointee referred to the demand as a “fishing expedition.” These decisions reflect a bipartisan skepticism toward the DOJ’s approach, even among judges appointed by the current administration. The DOJ’s strategy has faced challenges beyond the courtroom. While more than a dozen states have agreed to share the requested data, others have limited cooperation to publicly available information. The administration’s claims that millions of unauthorized immigrants are on voting rolls in key states have not been substantiated by the Department of Homeland Security, which has released figures for four states that refused to turn over voter records. These numbers have raised questions among election officials, as noted by NPR. President Trump continues to press for legislative action, particularly through the SAVE America Act, which would require voters to prove citizenship before casting ballots. However, the bill’s prospects in the Senate remain uncertain. Additionally, Trump’s push to restrict mail-in voting has encountered legal hurdles, potentially leading to a Supreme Court showdown. Despite these challenges, the administration has found alternative avenues to gather voter-related data. For instance, ICE investigators accessed individual voter files in at least two counties, Texas and North Carolina, and the FBI recently obtained the IP address of someone who registered to vote online in South Carolina. Meanwhile, allegations of voter fraud have emerged in Texas, complicating the political landscape ahead of the November election. State Representative James Talarico, a Democrat running for U.S. Senate, has been scrutinized for voting in five elections using his parents’ address after purchasing a home nearby. ProPublica and The Texas Tribune revealed that Talarico listed his parents’ address on his voter registration in November 2021, despite owning a home in Austin since June 2022. He did not update his registration until September 2024, though the new address is redacted. Talarico’s campaign has declined to comment on his residency and voting history, citing credible threats from right-wing groups. These revelations come amid ongoing scrutiny of Attorney General Ken Paxton, Talarico’s opponent in the Senate race. Paxton has long championed strict enforcement of election laws, including targeting individuals who allegedly used false addresses to cast ballots. His campaign asserts that he is a “lawful, registered Texas voter” but has avoided answering detailed questions about his own residency and voting history. Legal experts suggest that proving intentional fraud is challenging, given the ambiguity of Texas law regarding voter residency. Nevertheless, Paxton’s aggressive pursuit of alleged violations has drawn accusations of hypocrisy, especially following reports that he voted using an address where he has not resided for two years. As the November election approaches, tensions surrounding voter eligibility and election integrity continue to escalate. Both the DOJ’s legal battles and the unfolding controversies in Texas underscore the complex and often contentious nature of electoral politics in the United States.

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Axios logoAxiosIndependienteCentrohace 5 h
La campaña electoral del Departamento de Justicia llega al tribunal

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) se ha enfrentado a reveses legales en sus intentos de obtener información detallada de los votantes de los estados, incluidos datos confidenciales como los números de licencia de conducir y los identificadores del Seguro Social. Los jueces federales, nombrados por demócratas y republicanos, han desestimado múltiples demandas presentadas por el DOJ, argumentando que la Ley de Derechos Civiles de 1960 no otorga al fiscal general la autoridad para obligar a la publicación de dichos registros. Estos desafíos legales se derivan de los esfuerzos de la administración para investigar el presunto fraude electoral, particularmente en apoyo de las afirmaciones del ex presidente Donald Trump de irregularidades electorales generalizadas. A pesar de estos esfuerzos, más de una docena de estados han compartido voluntariamente algunos datos de los votantes, aunque muchos han limitado la información a registros disponibles públicamente. Además, la administración ha perseguido otras políticas relacionadas con las elecciones, como las restricciones de SAVE y la Ley de Estados Unidos sobre votación por correo, pero también se han encontrado con obstáculos legales.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta una visión equilibrada de las batallas legales del DOJ sobre la información de los votantes, citando múltiples decisiones judiciales en diferentes administraciones y destacando tanto los argumentos de la administración como las opiniones opuestas de los jueces.

ProPublica logoProPublicaIndependienteCentrohace 13 h
James Talarico acusó a Ken Paxton de fraude electoral y su registro de votantes está suscitando dudas.

El representante del estado de Texas, James Talarico, se enfrenta a un escrutinio por las acusaciones de que votó en cinco elecciones usando la dirección de sus padres después de comprar una casa cercana, lo que potencialmente viola las leyes de votación del estado. Esto sigue a las acusaciones de Talarico contra el Fiscal General Ken Paxton, su oponente en el Senado, de prácticas similares de fraude electoral. Paxton, quien ha hecho de la lucha contra el fraude electoral una prioridad, se ha negado a detallar su propia residencia e historial de votación a pesar de las afirmaciones de que votó desde una dirección donde su ex esposa, la senadora estatal Angela Paxton, declaró que no había vivido durante dos años. Los expertos legales señalan que, si bien la ley de Texas requiere que los votantes se registren en su residencia actual, probar el fraude intencional es un desafío. Ambos candidatos han sido criticados por la falta de transparencia, y los analistas legales sugieren que Paxton, como el principal abogado del estado, debería tener un estándar más alto.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta la supuesta mala conducta de Talarico y Paxton sin favorecer abiertamente a un lado. Destaca la controversia en torno a los historiales de votación de ambos candidatos e incluye comentarios equilibrados de expertos legales.

Cómo lo cubrió cada lado

El mismo suceso, agrupado por la inclinación política de los medios que lo cubren.

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