Las autoridades iraníes llevaron a cabo ejecuciones públicas de dos manifestantes, Amirhossein Safari Hosseinabadi y Abolfazl Sepahi Badjiani, en la plaza Shahid Alikhani de Isfahan. Estaban entre las 12 personas condenadas a muerte en relación con las protestas que comenzaron el 8 de enero. Los acusados fueron acusados de matar a miembros de la milicia Basij y participar en incendios y vandalismo durante los disturbios. Las ejecuciones ocurrieron a pesar de las apelaciones de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el relator especial de la ONU Mai Sato, quien criticó la falta de transparencia y el debido proceso en los juicios. La ONU destacó las preocupaciones sobre la detención arbitraria, las confesiones forzadas y las condiciones injustas del juicio. Cuatro personas han sido ejecutadas en este caso, y otras ocho aún enfrentan la pena de muerte.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta información fáctica sobre las ejecuciones e incluye perspectivas tanto de las autoridades iraníes como de las organizaciones internacionales de derechos humanos.




