El 31 de agosto de 2026, el Tribunal Constitucional de Indonesia dictaminó que se derogarían los artículos 240 y 241 del código legal del país, que penalizaban los insultos contra el gobierno y las instituciones estatales. La decisión se produjo poco menos de ocho meses después de la promulgación de estas disposiciones. El tribunal argumentó que las leyes violaban la libertad de expresión al permitir una amplia discrecionalidad a las autoridades para determinar qué constituye un insulto. Enfatizó que las instituciones estatales no poseen sentimientos subjetivos como el orgullo o la ofensa, socavando así la justificación para penalizar la crítica.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca la decisión de la corte como una victoria para la libertad de expresión, enfatizando el alcance excesivo de la autoridad estatal en la definición de los insultos.




