La Agencia Tributaria Española ha mantenido abiertas 35 investigaciones sobre posibles fraudes fiscales dentro del sector de los hidrocarburos tras el caso Aldama. Estas investigaciones involucran presuntas violaciones de declaraciones de impuesto al valor agregado (IVA) y se han intensificado desde que las autoridades identificaron un aumento en tales actividades ilícitas. El caso más destacado reciente involucra al empresario, corredor y figura de corrupción condenada Víctor de Aldama, quien supuestamente jugó un papel clave en el fraude al estado de 180 millones de euros. Este caso sigue pendiente de juicio. Las 35 investigaciones en curso abarcan múltiples etapas y jurisdicciones, según funcionarios de la Agencia Tributaria.
La agencia ha designado este tema como una de sus principales prioridades, citando el daño sustancial causado tanto a la sociedad como a las finanzas públicas. Más allá de los casos de alto perfil, los datos revelan que entre las diez compañías más endeudadas enumeradas anualmente por la autoridad tributaria, cinco están vinculadas a estas prácticas fraudulentas, que colectivamente deben casi 900 millones de euros.
Entre las entidades implicadas se encuentra Villafuel SL, que es central en un esquema más amplio que involucra no solo a Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de prisión en el caso Mascarillas pero posteriormente eximido de cumplir la pena, sino también a Carmen Pano. Pano habría llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz, alegando que el dinero pertenecía a Claudio Rivas, propietario de la compañía. Rivas enfrenta dos casos activos adicionales en el Tribunal Nacional: el caso Gaslow, alegando un fraude IVA de 148 millones de euros entre 2018 y 2021, y otro que involucra a SKT Oil con una pérdida superior a 70 millones de euros entre 2016 y 2018.
El modus operandi de estos esquemas fraudulentos generalmente implicaba la creación de compañías ficticias que compraban combustible, lo vendían a los clientes mientras cobraban IVA y luego desaparecían antes de que Hacienda pudiera recuperar los impuestos. Esto les permitía vender combustible a precios más bajos que los competidores y ganar cuota de mercado. A medida que crecía la escala del fraude, causando pérdidas cada vez mayores a los ingresos públicos, el gobierno decidió fortalecer la supervisión. Hasta 2023, las compañías debían demostrar su capacidad legal, técnica y financiera a través del registro del ministerio de la industria, y la CNMC publicó una lista de operadores mayoristas autorizados.
En 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica reemplazó al Ministerio de Industria en la supervisión de estos registros. Simultáneamente, la Agencia Tributaria lanzó el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), ya que los funcionarios reconocieron que las medidas de cumplimiento anteriores habían sido insuficientes. A través de Redef, el gobierno estableció que los titulares de depósitos fiscales de hidrocarburos se convertirían en partes secundariamente responsables en casos de deuda con Hacienda, siempre que permitieran a operadores no autorizados extraer el combustible.
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