El conflicto político entre el gobierno estatal de Nuevo León y el Congreso local ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad, tras la decisión de la Comisión Anticorrupción del Congreso de aprobar el inicio del juicio político contra el gobernador Samuel García.
Según informes publicados por *El Universal*, la Comisión Anticorrupción fue convocada para sesionar el viernes y analizar la solicitud de Alcocer, quien acusó a García de presuntamente favorecer al partido Movimiento Ciudadano mediante la triangulación de recursos públicos durante el proceso electoral de 2024.
Esta situación se da en un contexto de profunda tensión entre el Ejecutivo y la mayoría legislativa, compuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Desde que García asumió la gobernación en octubre de 2021, la relación entre ambas instituciones ha estado marcada por desacuerdos sobre temas clave como la aprobación del presupuesto, la designación del fiscal general, la contratación de deuda y la asignación de cargos en organismos autónomos.
Un momento especialmente crítico fue en 2023, cuando García intentó dejar el cargo para postularse como candidato a la Presidencia de la República. Esto generó una crisis política sin precedentes en Nuevo León, con enfrentamientos entre partidos, decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y acusaciones mutuas de invadir competencias. A pesar de ello, el gobernador ha mantenido una agenda activa, incluyendo participación en eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde ha destacado la promoción de Nuevo León como destino turístico y deportivo.
La iniciativa de juicio político ahora pone en juego la integridad legal del mandatario. Si la Comisión Anticorrupción confirma la existencia de elementos suficientes, García tendrá cinco días hábiles para defenderse por escrito o comparecer ante el Congreso. En caso de confirmarse el procedimiento, el juicio deberá ser votado en el Pleno del Congreso, seguido de una evaluación por parte de autoridades judiciales que decidirán las sanciones aplicables. Las consecuencias podrían incluir la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Este desarrollo refleja una evolución significativa en la relación entre poderes en Nuevo León, transformándose en uno de los casos más complejos en la historia reciente de la entidad. Mientras el gobernador continúa con su agenda pública, el Congreso se prepara para una batalla política y legal que podría marcar un hito importante en la vida institucional del estado.
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