El sistema educativo chileno se enfrenta a un momento crucial con la reciente aprobación de una ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), destinada a abordar problemas de larga data con la forma en que los estudiantes se inscriben en las escuelas. La nueva legislación busca corregir el defecto más crítico en la versión anterior, la creación de dos sistemas paralelos, que había provocado una preocupación generalizada entre educadores y padres por igual. Si bien este cambio marca un paso tangible hacia adelante, también ha planteado preguntas sobre el proceso de implementación y los riesgos potenciales de discriminación. La reforma fue aprobada por la Comisión de Educación después de un amplio debate sobre sus implicaciones.
Los críticos argumentan que, si bien la modificación aborda un problema importante, deja muchos aspectos operativos del nuevo mecanismo sin definir, confiando en gran medida en un reglamento aún por crear. Esta falta de claridad ya ha llevado a interpretaciones contradictorias durante las discusiones legislativas sobre si el diseño revisado resuelve efectivamente los problemas identificados en la versión anterior de la propuesta. Estas incertidumbres han dejado a algunas partes interesadas preocupadas por la efectividad de la reforma.
Según los expertos, esta disposición podría abrir la puerta a prácticas discriminatorias, una práctica que ha sido prohibida en países como Finlandia, el Reino Unido y Francia debido a su potencial para socavar la igualdad de oportunidades.
Claudio Sapelli, un comentarista de política educativa, destacó dos errores clave en la discusión en curso en torno a la reforma de la SAE. El primero implica la idea errónea de que cambiar el sistema no contribuiría a crear más lugares de calidad en las escuelas. Sapelli argumentó que el sistema existente penaliza a las escuelas de alta calidad al obligarlas a aceptar estudiantes que de otro modo podrían rechazar, lo que dificulta su capacidad para desarrollar sus proyectos educativos.
El segundo error, según Sapelli, radica en la creencia de que pasar de un emparejamiento aleatorio de estudiantes y escuelas a un modelo en el que las escuelas pueden desempeñar un papel en la selección no agrega valor. Trazando paralelos con el mercado laboral, explicó que al igual que hacer coincidir a la persona adecuada con el trabajo adecuado aumenta la productividad, también alinear a los estudiantes con entornos educativos apropiados mejora los resultados del aprendizaje. Citó encuestas que indican que los maestros encuentran más fácil enseñar en aulas homogéneas, lo que les permite adaptar sus métodos a las necesidades específicas de sus estudiantes.
A pesar de estos argumentos a favor de la reforma, sigue existiendo el riesgo de que la polarización política pueda obstaculizar la implementación de cambios significativos. Si los gobiernos futuros con diferentes inclinaciones políticas revirtieran las reformas, los beneficios anticipados podrían verse socavados. Esta incertidumbre subraya la importancia de garantizar que el nuevo sistema sea lo suficientemente robusto como para soportar cambios en el liderazgo político. Los cambios propuestos tienen como objetivo crear un proceso de admisión más equitativo y eficiente, pero el éxito de la reforma dependerá en gran medida de la claridad de las regulaciones que rigen su funcionamiento.
A medida que el Senado avanza con la elaboración de estas reglas, todas las partes involucradas deben permanecer vigilantes para garantizar que el sistema realmente sirva a los mejores intereses de los estudiantes y educadores por igual.
★
Mantengamos las noticias honestas.
ObjectiveNews se financia con los lectores y no tiene anuncios: te mostramos el sesgo en lugar de ocultarlo. Apoya el periodismo independiente por 4 €/mes.
Hazte suscriptor