En abril de 2026, en Salou (Costa Dorada), se presentó la asociación 'Trabajadores por el Alquiler Turístico', que busca defender a los empleados del sector turístico contra el Decreto Ley 3/2023, que limita las viviendas de uso turístico (VUT) en zonas tensadas. Este decreto, aprobado por el Parlamento catalán, busca reducir la crisis habitacional. La asociación afirma que el decreto pondría en riesgo 200.000 empleos directos e indirectos y que las viviendas turísticas pasarían a manos de grandes propietarios. Sin embargo, investigaciones revelan que la organización está compuesta principalmente por empresarios, abogados y inversionistas, y su líder, Guillem Laporta, no tiene experiencia en el sector turístico. La asociación cambió su denominación y definición en enero de 2026, pasando de representar a 'familias trabajadoras' a 'empleados'.
Lectura del sesgo (Conservador): El artículo presenta a la asociación como defensora de los trabajadores del turismo, pero destaca la composición de su junta directiva, que incluye empresarios, abogados e inversionistas, lo que sugiere un interés económico detrás de la causa.



