La jefa de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, ha acusado a múltiples autoridades de no abordar el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio. El caso involucra a la Fiscalía Federal (FGR), la Fiscalía Estatal de Oaxaca y el Mecanismo Federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Según el informe, Leyva había presentado previamente una queja contra amenazas que recibió a través de las redes sociales, y la DDHPO abrió un archivo para rastrear su caso. Sin embargo, la oficina fue informada de que la FGR había rechazado la investigación. Además, la DDHPO solicitó medidas de protección para Leyva cinco veces pero no las recibió. Mientras tanto, otro periodista, Ovando Jesús Reyes, había incendiado su motocicleta fuera de su casa en Chiapas.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo destaca las fallas de las instituciones gubernamentales -específicamente la FGR, los fiscales estatales y el Mecanismo de Protección Federal- en abordar las amenazas contra los periodistas.
Por qué veracidad (85): The article reports on allegations of omissions in the murder of journalist Francisco Alejandro Leyva Aguilar, citing specific actions by the Defender of Human Rights and detailing the timeline of events. It references multiple institutions (FGR, FGE) and provides details from the journalist’s own a
Por qué objetividad (75): The tone remains relatively neutral, presenting the allegations without overt bias. However, the article does frame the situation as a case of institutional failure, which may subtly imply criticism of the authorities involved. The mention of the unrelated incident at the end appears somewhat out of





