El 3 de julio, miembros armados del ELN obligaron a los residentes de San Antonio de Gurumendy a asistir a una reunión, después de lo cual robaron suministros de alimentos y secuestraron a 40 personas, que fueron obligadas a transportar bienes robados. Treinta y dos personas fueron liberadas más tarde, mientras que ocho permanecieron secuestradas. Más de 70 familias, aproximadamente 200 personas, huyeron a la sede municipal de López de Micay y ahora están llegando a Buenaventura. Las autoridades activaron un comité de justicia transicional y comenzaron a identificar a las familias desplazadas para proporcionar ayuda humanitaria. El Defensor de Derechos Humanos pidió al ELN que liberara de inmediato e incondicionalmente a los ocho rehenes, respetara sus vidas e integridad, y cesara los secuestros. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Catumbo, declaró recientemente a los desprivilegiados del ELN y a otras fuerzas humanitarias contra las FARC responsables de una crisis de guerra en la región.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta un relato fáctico de un conflicto que involucra al ELN y a las comunidades locales, citando a la Defensoría de los Derechos Humanos como una autoridad neutral.





