El divorcio de una pareja chilena ha provocado un debate legal sobre quién debe mantener a su perro mascota, destacando la falta de leyes claras que rigen tales casos. Maite, que recientemente terminó un matrimonio de cinco años, adoptó a Benito, un perro de raza mixta, con su ex marido, Cristóbal, hace tres años. El perro se convirtió en un miembro querido de su familia, acompañándolos en los principales eventos de la vida, incluidos fines de semana, vacaciones, mudanzas de casa e incluso días difíciles. A pesar de no tener hijos ni compartir propiedades, ambos amaban profundamente a Benito y lo cuidaron conjuntamente durante su tiempo juntos. Cuando la relación terminó, la pareja se enfrentó a un desafío inesperado: determinar quién cuidaría de Benito.
Este problema, una vez considerado inusual, se está volviendo cada vez más común a medida que las mascotas adquieren más importancia dentro de las familias. Sin embargo, la ley chilena todavía trata a los animales como propiedad móvil bajo el Código Civil, que los clasifica como "semovientes", cosas móviles que se pueden poseer. Como resultado, las disputas sobre mascotas a menudo caen en la categoría de conflictos de propiedad en lugar de emocionales o familiares. El marco legal no aborda específicamente la custodia posterior al divorcio de las mascotas. Un caso anterior que involucra a dos perros, Igor y Bambú, ilustra esta brecha.
Inicialmente, el 8o Tribunal Civil de Santiago falló a favor de la custodia compartida, reconociendo el vínculo emocional entre los perros y sus cuidadores. Sin embargo, la decisión fue posteriormente anulada por el Tribunal de Apelaciones de Santiago, que encontró que no había pruebas suficientes que demostraran que ambas partes eran copropietarios de los animales. Este fallo subraya el problema más amplio: la legislación actual carece de disposiciones específicas para resolver la custodia de mascotas después de una separación.
La ausencia de un proceso legal dedicado significa que los jueces deben confiar en las reglas generales de propiedad, que no tienen en cuenta la naturaleza única de las relaciones entre humanos y animales. En respuesta a estos desafíos, la Ley No. 020 sobre la propiedad responsable de mascotas representa un paso adelante. Delinea las obligaciones para las personas que aceptan el cuidado de un animal, exigiéndoles que proporcionen comida, refugio, tratamiento adecuado y atención veterinaria. Si bien esta ley mejora la rendición de cuentas, no resuelve directamente las complejidades de la custodia de mascotas después del divorcio. Los expertos legales argumentan que el sistema existente no reconoce el papel emocional y social que desempeñan las mascotas en los hogares.
Sin mecanismos legales a medida, las parejas que se enfrentan a la separación a menudo se encuentran navegando por un territorio ambiguo, confiando en acuerdos personales o decisiones judiciales basadas en marcos obsoletos.
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