La Corte Suprema de Australia está considerando un desafío constitucional contra la Parte 5.3B del Código Penal de la Commonwealth, que permite al gobierno prohibir a los grupos considerados "grupos de odio prohibidos" e impone severas sanciones penales a sus miembros. El Partido Australia Blanca está impugnando la ley por tres motivos: falta de autoridad parlamentaria, violación de la libertad implícita de comunicación política y violación de la separación de poderes. La ley permite a los ministros declarar a un grupo como una organización de odio basada en una supuesta conducta pasada o planificada relacionada con la discriminación racial, sin requerir una condena penal. El proceso implica discreción ejecutiva sin supervisión judicial, lo que plantea preocupaciones sobre el debido proceso y el exceso. El tribunal debe determinar si la ley cae dentro del poder constitucional de la Commonwealth para regular las relaciones exteriores y hacer cumplir los principios contra la discriminación.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta los argumentos legales tanto del gobierno como del Partido Australia Blanca sin favorecer abiertamente a ninguna de las partes.




