El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, está investigando las afirmaciones de que la Administración de Control de Drogas (DEA) de la administración Biden permitió intencionalmente que grandes envíos de fentanilo llegaran a las comunidades de Nuevo México mediante el monitoreo, pero no la incautación, como parte de una estrategia para construir casos contra traficantes de mayor nivel. Este enfoque, que implica el seguimiento de los envíos de fentanilo sin incautación inmediata, fue objeto de escrutinio después de una investigación de Associated Press de junio que reveló una queja de un denunciante contra la DEA en Albuquerque. El agente especial de la DEA, David Howell, alegó que esta práctica violaba un protocolo del Departamento de Justicia de 2019 que exigía a los agentes buscar órdenes y incautar fentanilo cuando había causa probable. La DEA defiende la táctica como legal, citando la autorización judicial para vigilar las principales redes de tráfico. Las muertes por sobredosis de fentanilo de Nuevo México aumentaron en casi un 21% durante el período nacional, mientras que las muertes disminuyeron un 14% por el Fiscal General Raul Torrez.
Lectura del sesgo (Conservador): El artículo enmarca la estrategia de la DEA como potencialmente dañina y poco ética, haciendo hincapié en el aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo en Nuevo México y criticando las acciones de la agencia como "inconscientes".





